Opinión de Ronny De Greef Acevedo. El Partido Pueblo Soberano (PPSO), heredero directo del oficialismo del PPSD, se presenta ante el electorado como “la continuidad del cambio”. La consigna no es inocente: pretende instalar la idea de que el país se encuentra ante una fuerza política distinta, moralmente superior y desligada de los vicios históricos asociados al PLN, el PUSC o el PAC. Según este relato, el PPSO no solo carece de pasado, sino que además estaría legitimado para aspirar a una mayoría parlamentaria calificada de 40 votos, suficiente para reformar leyes fundamentales e incluso la Constitución. El problema es que la realidad desmiente esa narrativa punto por punto.
Pueblo Soberano no representa una ruptura con el sistema político previo, sino su reconfiguraciónoportunista.Basta revisar los nombres y trayectorias de sus candidaturas a diputados para comprobar que el partido está compuesto, en buena medida, por figuras que han servido activamente a los mismos proyectos políticos que hoy se presentan como responsables del deterioro institucional. Gonzalo Ramírez Zamora fue diputado en dos periodos y presidente de la Asamblea Legislativa por Renovación Costarricense. José MiguelVillalobosUmañafue ministro de Justicia en un gobierno del PUSC. CindyBlanco Gonzáleztiene antecedentes claros en el PLN. Nogui Acosta fue ministro de Hacienda del PAC antes de continuar en el cargo bajo Rodrigo Chaves. No son matices ideológicos: son hojas de vida.
Presentar a este conjunto como una fuerza “sin legado” no es una exageración retórica; es una negación deliberada de la evidencia. ElPPSOnorompeconlapolíticatradicional:la recicla, la rebautiza y la envuelve en un discurso antipartidos que resulta funcional, pero intelectualmente deshonesto.
Sin embargo, el problema más grave no es solo el reciclaje de cuadros. Es la pretensión de superioridad moral que acompaña a ese reciclaje, especialmente cuando algunas de sus figuras más visibles arrastran trayectorias profundamente controvertidas o se encuentran bajo investigación judicial. En una democracia madura, estos elementos no pueden ser tratados como detalles menores ni como ataques políticos malintencionados.
El caso de Marta Esquivel Rodríguez es ilustrativo. Exjerarca de la Caja Costarricense de Seguro Social y hoy candidata del PPSO, Esquivel enfrenta causas penales abiertas relacionadas con decisiones administrativas de alto impacto institucional. Entre ellas destaca el conocido “caso del barrenador”, que investiga presuntas irregularidades en procesos de contratación y manejo de recursos públicos. Nadie está obligado a prejuzgar culpabilidades, pero sí es legítimo cuestionar cómo una persona bajo investigación penal activa puede ser presentada como símbolo de una política supuestamente libre de sombras. La ética pública no comienza con una sentencia condenatoria; comienza con el criterio, la prudencia y la responsabilidad política.
A ello se suma el caso de JoséMiguelVillalobosUmaña, candidato del PPSO, exministro del PUSC y figura central del entorno presidencial. Villalobos es abogado defensor de múltiples personas vinculadas a causas por narcotráfico, además de ser el abogado personal del presidente de la República. Desde el punto de vista legal, ejercer la defensa penal es un derecho incuestionable. Desde el punto de vista político, sin embargo, resulta incompatible con un discurso que se presenta como moralmente intransigente frente al crimen organizado y la corrupción. Como se no fuera suficiente, le debe más de 300 millones a la CCSS. Aquí hay ilegalidad, y un conflicto ético evidente que el PPSO prefiere ignorar.
Con toda la razón del mundo, tenemos el derecho a dudar y pensar: ¿Noseráqueenlugar de ser un partido nuevo y anticorrupción, son mucho peores de lo que hemos sufrido en el pasado, y muchos de ellos lo que buscan es refugiarse en la inmunidad política para seguir acumulando poder en beneficio propio?
La contradicción se profundiza cuando se recuerda que el propio presidente Rodrigo Chaves acumula más de sesenta investigaciones judiciales abiertas, en distintos ámbitosyjurisdicciones.Insistir en que el partido que lo representa no arrastra ningún legado problemático mientras su principal figura política está permanentemente bajo escrutinio judicial no es valentía política: es negación de la realidad.
En este contexto, la ambición de alcanzar 40 votos legislativos adquiere una dimensión inquietante. Una mayoría calificada no es un simple triunfo electoral; es la llave para transformar las reglas del juego institucional. La historia política comparada demuestra que concentrar tanto poder en fuerzas que se autodefinen como moralmente infalibles suele terminar debilitando los controles democráticos, no fortaleciéndolos. Cuando el adversario es retratado como corrupto por definición y el propio bloque se asume como incorruptible, el camino hacia el abuso de poder queda peligrosamente despejado.
El PPSO no es un accidente ni una anomalía. Es la expresión clásica del partido–taxi, diseñado para prolongar un proyecto de poder, absorber figuras del pasado y neutralizar el escrutinio mediante una retórica de “nosotros contra ellos”. La novedad no está en las prácticas, sino en la intensidad del discurso.
Costa Rica no necesita partidos sin historia —eso no existe—, pero sí necesita partidos que no le mientan al electorado sobre su historia. La llamada “continuidad del cambio” no es más que una consigna hueca: continuidad, sí, pero de personas, trayectorias y contradicciones conocidas; cambio, apenas en el lenguaje.
Y cuando el lenguaje se utiliza para ocultar, y no para explicar, lo que está en juego ya no es una elección más, sino la honestidad básica del debate democrático.
