La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, no es solo la caída de un capo. Es un hecho con implicaciones estructurales para la seguridad mexicana y para el equilibrio interno del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización que durante la última década se consolidó como una de las más expansivas, violentas y financieramente robustas del continente.
El operativo que terminó con su vida se desarrolló el 22 de febrero en Tapalpa, en el estado de Jalisco, tras un despliegue de fuerzas federales apoyadas por inteligencia internacional. Durante años, Oseguera Cervantes figuró entre los narcotraficantes más buscados del mundo, con una recompensa multimillonaria ofrecida por agencias estadounidenses. Su liderazgo fue clave en la expansión del CJNG hacia rutas estratégicas de producción y exportación de metanfetaminas, cocaína y, más recientemente, fentanilo.
Sin embargo, el impacto inmediato no fue de estabilidad sino de convulsión. En cuestión de horas, distintas regiones del país registraron bloqueos carreteros, quema de vehículos, ataques a infraestructura y enfrentamientos armados. La reacción no fue improvisada: evidenció capacidad logística, comunicación interna y estructura operativa activa pese a la caída del jefe máximo.
El patrón de violencia posterior revela un fenómeno recurrente en la dinámica del crimen organizado en México: la eliminación de un líder no desmantela la organización, sino que abre una fase de reacomodo. En el corto plazo, esto suele traducirse en demostraciones de fuerza para enviar dos mensajes claros: hacia el Estado, que la estructura sigue vigente; y hacia rivales internos o externos, que el control territorial no está en disputa sin costo.
La respuesta gubernamental fue inmediata. Se desplegaron refuerzos militares y de la Guardia Nacional en varios estados considerados estratégicos para el CJNG. En algunas localidades se suspendieron clases y actividades comerciales como medida preventiva. Las autoridades federales sostienen que el golpe debilita de forma significativa a la organización. No obstante, la experiencia histórica mexicana obliga a matizar esa afirmación.
En el pasado, la captura o muerte de líderes de alto perfil generó fragmentación y, en muchos casos, mayor violencia. La lógica es sencilla: cuando una estructura jerárquica pierde a su figura central, surgen disputas por el mando, divisiones internas o intentos de absorción por parte de grupos rivales. La estabilidad criminal que puede existir bajo un liderazgo fuerte se transforma en competencia armada cuando ese liderazgo desaparece.
El CJNG no es una organización menor ni improvisada. Se caracteriza por su modelo empresarial criminal: diversificación de actividades ilícitas, control territorial, lavado de activos y presencia en múltiples estados. Además del narcotráfico, ha sido vinculado a extorsión, minería ilegal y control de economías locales en zonas rurales y urbanas. Esa diversificación reduce la dependencia de un solo mando visible.
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El escenario que se abre ahora plantea varias interrogantes. ¿Habrá una sucesión interna clara o una disputa prolongada? ¿Se fortalecerán células regionales con mayor autonomía? ¿Intentarán otros cárteles aprovechar el momento para disputar plazas estratégicas? Cada una de estas variables influye directamente en la intensidad y duración de la violencia.
A nivel internacional, la situación ha generado alertas diplomáticas y llamados a la prudencia para ciudadanos extranjeros. Aunque aeropuertos y rutas aéreas continúan operando con normalidad, la percepción de riesgo aumenta cuando los disturbios se expanden geográficamente y se vuelven impredecibles.
Más allá del impacto inmediato, el hecho obliga a una reflexión más profunda sobre la política de seguridad mexicana. La estrategia centrada en capturar o abatir líderes ha demostrado ser eficaz para desarticular mandos visibles, pero no necesariamente para desmontar las redes financieras, logísticas y territoriales que sostienen a los cárteles. La capacidad de reemplazo dentro de estas organizaciones suele ser más rápida que la reconstrucción institucional del Estado en zonas vulnerables.
La muerte de “El Mencho” es, sin duda, un golpe simbólico y operativo. Pero también es una prueba para medir si el Estado puede convertir una acción puntual en una transformación estructural. Si no se desmantelan las redes de corrupción, financiamiento y control territorial que alimentan al CJNG, la violencia actual podría ser solo la antesala de una nueva etapa de reconfiguración criminal.
México se encuentra, una vez más, en un punto de inflexión. La pregunta no es únicamente quién ocupará el vacío de poder, sino si ese vacío será llenado por otra figura criminal o por una presencia institucional más sólida y sostenida.
