Ciudad de México. El Gobierno de México concretó la extradición de 37 presuntos integrantes de organizaciones criminales hacia Estados Unidos, en una de las operaciones de cooperación judicial y de seguridad más amplias realizadas entre ambos países en los últimos años.
La entrega se efectuó a solicitud de diversas cortes federales estadounidenses, donde los extraditados enfrentan procesos por delitos que incluyen narcotráfico, tráfico de armas, lavado de dinero, delincuencia organizada, contrabando de personas y otros ilícitos considerados de alto impacto. Los casos serán conocidos en distintas jurisdicciones, entre ellas Texas, Nueva York, California, Washington, Pensilvania y otros estados.
Según la información oficial disponible, los extraditados estarían vinculados a estructuras del crimen organizado con operaciones transnacionales, entre ellas grupos dedicados al tráfico de drogas hacia territorio estadounidense. Autoridades de Estados Unidos han señalado que varios de los trasladados eran considerados objetivos prioritarios por agencias federales, debido a su presunta participación en redes de distribución, logística y financiamiento del narcotráfico.
El traslado se realizó bajo los mecanismos de cooperación bilateral vigentes y con el respaldo de instituciones de seguridad mexicanas, que brindaron apoyo logístico para el traslado simultáneo de los detenidos. Como parte de los acuerdos aplicables, las autoridades estadounidenses asumieron el compromiso de no solicitar la pena de muerte, en respeto a la legislación mexicana, que no contempla ese castigo.
Con esta operación, el número de presuntos criminales de alto perfil extraditados de México a Estados Unidos en el último año supera las nueve decenas, de acuerdo con registros oficiales y reportes de seguridad. Funcionarios de ambos países han destacado que estas acciones buscan debilitar las estructuras financieras y operativas de las organizaciones criminales que operan a ambos lados de la frontera.
Desde el ámbito del análisis en seguridad, especialistas han señalado que las extradiciones representan una herramienta relevante para el combate al crimen organizado transnacional, al permitir que los casos se procesen en jurisdicciones donde se concentran los efectos de estos delitos. Sin embargo, también han advertido que estas medidas, por sí solas, no resuelven las causas estructurales de la violencia, por lo que deben complementarse con políticas integrales en materia de prevención, fortalecimiento institucional y control financiero.
La extradición de los 37 presuntos criminales se da en un contexto de cooperación reforzada entre México y Estados Unidos en temas de seguridad y justicia, en medio de presiones regionales para contener el tráfico de drogas, armas y personas, así como para reducir el impacto del crimen organizado en ambos países.
