El pago de la deuda pública volvió a colocarse en el centro del debate nacional luego de que el dirigente sindical Albino Vargas advirtiera públicamente que el Estado costarricense estaría destinando alrededor de ₡1,5 billones en los primeros meses del año para atender compromisos financieros, una cifra que, de confirmarse, limitaría severamente la capacidad real de cualquier gobierno para cumplir promesas sociales o económicas.
La afirmación fue difundida por Vargas en la red social X, donde señaló que el pago de la deuda no es un tema de campaña electoral, sino una realidad estructural que condiciona todo el accionar del Estado. En su mensaje, advirtió que más de la mitad de los recursos recaudados terminarían dirigidos al servicio de la deuda, dejando poco margen para inversión social, infraestructura o alivio al costo de la vida.
¿Qué dicen los datos fiscales?
La información oficial disponible confirma que el peso de la deuda pública sobre las finanzas nacionales es extraordinariamente alto, aunque no permite verificar con precisión absoluta el monto exacto citado para un trimestre específico.
Datos del Ministerio de Hacienda y del presupuesto nacional muestran que el servicio de la deuda —intereses más amortización— consume alrededor del 42% del presupuesto de la República, convirtiéndose en el rubro individual más grande del gasto público. Solo en intereses, Costa Rica ha venido pagando entre ₡1 billón y ₡2 billones anuales en los últimos ejercicios fiscales, dependiendo del comportamiento de las tasas de interés y del tipo de cambio.
Bajo ese contexto, un desembolso cercano a ₡1,5 billones en un período corto no resulta inverosímil, especialmente si se consideran pagos concentrados de vencimientos de deuda interna y externa. Sin embargo, no existe hasta ahora un informe público que confirme literalmente esa cifra exacta en un plazo de tres meses, lo que coloca el señalamiento en el terreno de una estimación políticamente plausible, pero no plenamente documentada.
El problema de fondo: un Estado financieramente atado
Más allá de la discusión puntual sobre montos, el mensaje de Vargas apunta a un problema estructural: Costa Rica opera con un Estado financieramente atrapado por su deuda. Cada colón que se destina al pago de intereses es un colón que no se invierte en educación, salud, seguridad o reactivación económica.
Esta realidad explica por qué, independientemente del signo político del gobierno de turno, los márgenes de maniobra son cada vez más estrechos. Las promesas electorales suelen chocar con una estructura fiscal rígida, donde los principales ingresos ya tienen destino asignado antes de iniciar cualquier discusión programática.
En ese sentido, la advertencia sobre una posible “nueva estafa política” no se refiere necesariamente a una intención deliberada de engaño, sino a una desconexión persistente entre el discurso electoral y la realidad fiscal del país.
Sistema tributario bajo cuestionamiento
Vargas también apuntó directamente al sistema tributario, al que calificó como injusto y asfixiante para la clase trabajadora. Este señalamiento entra en el terreno de la opinión política, pero conecta con un debate ampliamente documentado: Costa Rica mantiene una estructura impositiva donde el peso recae con mayor fuerza sobre impuestos indirectos y sobre el trabajo formal, mientras amplios sectores de renta y capital conservan mecanismos de elusión o tratamiento preferencial.
Diversos informes nacionales e internacionales han advertido que, sin una reforma fiscal integral que combine eficiencia, progresividad y control del gasto, el país continuará atrapado en un círculo donde se recauda para pagar deuda, y se endeuda para sostener el funcionamiento básico del Estado.
Un debate inevitable en año electoral
Aunque el dirigente sindical insiste en que este no debería ser un tema de campaña, lo cierto es que la deuda pública será uno de los factores determinantes del próximo proceso electoral, aun cuando muchos actores políticos prefieran evitarlo. Ignorarla no la hace desaparecer, y cualquier plan de gobierno que no la incorpore corre el riesgo de convertirse en papel mojado.
El mensaje de Albino Vargas, con cifras discutibles en el detalle pero sólidas en el diagnóstico general, vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda pero inevitable: ¿qué se puede prometer realmente en un país donde la mayor parte de los recursos ya están comprometidos antes de empezar a gobernar?
Ese es el debate de fondo que la deuda pública impone, más allá de consignas, ideologías o campañas.
