El Polo Turístico Golfo de Papagayo no es un conflicto nuevo ni sorpresivo. Su rasgo más constante no ha sido el desarrollo turístico, sino la persistencia del silencio político. Gobiernos de distintos signos ideológicos han pasado por el poder sin enfrentar de fondo las irregularidades legales, financieras e institucionales que rodean el proyecto. Lo que cambia no es la conducta del Estado, sino los nombres de quienes deciden no mirar.
Durante décadas, Papagayo ha sido tratado como un territorio de excepción, donde la regla no ha sido la legalidad estricta, sino la administración del conflicto sin resolverlo. Las dudas sobre la titularidad de tierras, los litigios judiciales prolongados, el régimen especial de concesiones y la opacidad financiera han coexistido con una narrativa oficial de “éxito turístico”, promovida tanto hacia adentro como hacia el exterior del país.
Los gobiernos anteriores optaron por una fórmula repetida: no tocar el tema, no abrir auditorías integrales, no transparentar beneficiarios finales y no asumir costos políticos frente a intereses económicos consolidados. En lugar de corregir, administraron el problema. En lugar de aclarar, normalizaron la excepción. Esa omisión no fue neutral: permitió que el proyecto avanzara sin resolver sus bases jurídicas.
El resultado es un precedente peligroso. Cuando el Estado tolera durante años un proyecto con conflictos no resueltos, envía un mensaje claro: hay espacios donde la legalidad es negociable. Papagayo se convirtió así en un símbolo de cómo la inacción política puede ser tan determinante como una decisión explícita.
El patrón se repite en la campaña actual
En el actual proceso electoral, el comportamiento de muchos candidatos sugiere que el patrón de evasión podría continuar. Papagayo no figura en los debates centrales, no aparece en programas de gobierno y rara vez es mencionado en discursos públicos. No porque el tema haya desaparecido, sino porque sigue siendo incómodo.
Hablar de Papagayo implica asumir posiciones claras sobre:
- el uso del poder económico,
- la transparencia del Estado,
- la relación entre inversión extranjera y soberanía,
- y el costo político de confrontar intereses enquistados.
Para muchos aspirantes, el cálculo parece evidente: el silencio reduce riesgos inmediatos, aunque aumente los costos futuros. Sin embargo, esta estrategia reproduce exactamente el mismo error de los gobiernos anteriores: postergar el conflicto, trasladarlo al siguiente mandato y profundizar la desconfianza ciudadana.
El riesgo institucional de seguir ignorando Papagayo
El problema ya no es solo Papagayo como proyecto turístico. El problema es lo que representa. Cada gobierno que evita el tema refuerza la percepción de que existen zonas del Estado fuera del control democrático efectivo. Cada campaña que lo omite consolida la idea de que ciertos asuntos no se discuten porque afectan equilibrios de poder que nadie quiere alterar.
En un país que se presenta internacionalmente como un Estado de Derecho sólido, esta contradicción tiene un costo creciente. No solo erosiona la credibilidad institucional, sino que debilita la confianza de la ciudadanía en que la ley se aplica de forma igualitaria.
Un silencio que ya no es inocuo
Si los actuales candidatos repiten la conducta de sus antecesores, Papagayo no desaparecerá del escenario político. Al contrario: se convertirá en un pasivo heredado, más complejo y más costoso. El silencio ya no puede justificarse como prudencia ni como falta de información. Después de años de cuestionamientos, la omisión se interpreta como decisión política consciente.
En ese contexto, Papagayo funciona como una prueba clara de liderazgo. No porque obligue a cerrar el proyecto, sino porque exige algo más básico: decir la verdad, asumir responsabilidades y enfrentar el conflicto con transparencia. Ignorarlo, una vez más, no resolverá el problema. Solo confirmará que el Estado sigue rehuyendo los temas que ponen a prueba su carácter democrático.
Opinión de Gerardo Ledezma.
