El proyecto de ley que obligaría a las entidades bancarias a responder por el dinero sustraído a sus clientes en estafas informáticas avanzó en su trámite legislativo y ahora queda a la espera de su aprobación en segundo debate.
La iniciativa surge en un contexto de aumento de fraudes electrónicos. Solo en 2025, más de 13.000 personas —un promedio de 38 por día— reportaron haber sido víctimas de estafas tras detectar movimientos irregulares en sus cuentas, muchas veces sin certeza sobre la recuperación de los fondos ni sobre la responsabilidad de la entidad financiera.
El texto propone reforzar el deber de custodia del dinero depositado y establecer que los bancos no puedan desentenderse automáticamente ante denuncias por delitos como phishing, suplantación de identidad o accesos indebidos a plataformas digitales.
De superar el segundo debate y cumplir con el proceso correspondiente, el proyecto se convertiría en ley y establecería nuevas obligaciones para las entidades financieras en la protección del consumidor ante fraudes tecnológicos.
