La Sala Constitucional ordenó al Ministerio de la Presidencia rendir un informe en un plazo de tres días hábiles, luego de admitir para estudio un recurso de amparo presentado por Juan Herrera, director de Legítima Defensa y ex-funcionario del Ministerio de Seguridad Pública como instructor policial y jefe del área jurídica de la Academia Nacional de Policías. El caso se tramita bajo el expediente 25-036822-0007-CO.
Herrera señaló que el 27 de octubre de 2025 envió un correo electrónico al Despacho del Presidente, adjuntando una fotografía donde aparece la candidata presidencial oficialista Laura Virginia Fernández Delgado acompañada por dos hombres. Según el recurrente, uno de ellos sería un escolta presidencial, a quien identificó por su experiencia como instructor policial.
El denunciante afirma que envió consultas formales sobre si los individuos de la fotografía laboran como escoltas del Ministerio de la Presidencia, si se encuentran activos como funcionarios, si poseen permisos sin goce de salario y si existe normativa que autorice a personal de Casa Presidencial brindar seguridad a candidatos. También solicitó conocer cuántos candidatos reciben dicho servicio.
Ese mismo día, el Despacho del Presidente únicamente acusó recibo de la gestión, sin emitir respuesta de fondo. Para el 25 de noviembre de 2025, según el documento, habían transcurrido más de diez días hábiles sin contestación formal, lo que motivó la acción de amparo por presunta vulneración de derechos fundamentales.
La Sala ordenó al Ministro de la Presidencia informar, bajo juramento, sobre los hechos señalados y aclarar si el correo utilizado por el recurrente constituye un canal oficial para la recepción de solicitudes ciudadanas. Además, instruyó remitir copia certificada y foliada de toda la documentación relacionada con el caso, así como cualquier soporte electrónico o telemático pertinente.
El tribunal advirtió que cualquier inexactitud en el informe podría acarrear consecuencias penales por perjurio o falso testimonio, y recordó que la omisión de respuesta podría llevar a que los hechos se tengan por ciertos. La magistrada Ingrid Hess Herrera fue designada instructora del proceso.
