La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ordenó al Ministerio de Seguridad Pública rendir un informe en un plazo de tres días hábiles tras admitir para trámite un recurso de amparo relacionado con la falta de respuesta a una solicitud de información sobre el denominado grupo policial “Impacto Azul”. La resolución corresponde al expediente 25-038999-0007-CO y fue emitida el 18 de diciembre de 2025.
El recurso fue presentado por Juan Herrera, director de Legítima Defensa y exfuncionario del propio Ministerio de Seguridad Pública, donde se desempeñó como instructor policial y jefe del área jurídica de la Academia Nacional de Policías. Según el expediente, Herrera remitió el 25 de noviembre de 2025 una consulta formal dirigida al ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora Cordero, solicitando información detallada sobre la base legal, estructura, costos, uso de recursos públicos, supervisión disciplinaria y objetivos institucionales del grupo “Impacto Azul”, sin que a la fecha hubiera recibido respuesta oficial.
En su resolución, la Sala Constitucional ordena al ministro informar sobre los hechos alegados y remitir copia certificada, debidamente foliada y en estricto orden cronológico, de toda la documentación relacionada con la creación y funcionamiento del grupo cuestionado. Además, exige que se indique si las direcciones de correo electrónico utilizadas por el recurrente constituyen mecanismos oficiales para la recepción de gestiones de los usuarios.
El tribunal advierte que el informe deberá rendirse bajo juramento, conforme a los artículos 44 y 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, por lo que cualquier inexactitud o falsedad podría acarrear responsabilidades penales por perjurio o falso testimonio. Asimismo, señala que la omisión de informar dentro del plazo establecido permitiría a la Sala tener por ciertos los hechos denunciados y eventualmente declarar con lugar el recurso de amparo.
La resolución también recuerda que la desobediencia a órdenes emanadas de la Jurisdicción Constitucional está sancionada penalmente y detalla los medios habilitados para la presentación del informe, tanto físicos como electrónicos, bajo los requisitos formales establecidos por la normativa vigente.
El caso se encuentra en fase de tramitación y aún no existe un pronunciamiento de fondo sobre la legalidad o pertinencia del grupo “Impacto Azul”. La instrucción del expediente fue asignada a la magistrada Anamari Garro Vargas, quien tendrá a su cargo el análisis posterior del informe que deberá presentar el Ministerio de Seguridad Pública.
