La Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa dictaminó afirmativamente el expediente 24.404, que establece sanciones de prisión de dos a seis años para los miembros de cuerpos policiales y exfuncionarios públicos que brinden entrenamiento o asesoría a grupos vinculados con el crimen organizado.
La medida busca cerrar espacios de colaboración entre quienes han tenido acceso a formación, tácticas o información sensible en el ejercicio de funciones públicas y organizaciones criminales que podrían aprovechar esos conocimientos para fortalecer sus operaciones ilícitas.
Con el dictamen aprobado, el proyecto queda en condición de ser discutido en el Plenario Legislativo, donde los diputados decidirán si se convierte en ley. La iniciativa se enmarca en los esfuerzos legislativos por reforzar las herramientas jurídicas contra la delincuencia organizada y el narcotráfico, problemáticas que han mostrado un crecimiento sostenido en los últimos años.
