La Fiscalía Adjunta Especializada en contra de la Delincuencia Organizada (FAEDO) consiguió que se ordenara un año de prisión preventiva en contra de seis personas sospechosas de pertenecer a un grupo criminal, el cual está vinculado con el asesinato de Geiner Zamora Hidalgo, quien era el jefe de la Unidad de Crimen Organizado del Organismo de Investigación Judicial, en la sede Pococí – Guápiles. La petición se realiza ante el Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José.
Se trata de Centeno Álvarez, Méndez Núñez (mujer), Rojas Zamora, Moya Delgado (mujer) y Cervantes Rojas, quienes fueron detenidos el lunes, durante 14 allanamientos. Dos de los operativos se ejecutaron en centros penales, donde se encuentran los imputados Castro Moya (líder) y Méndez Núñez.
Dado que los últimos dos ya se encuentran detenidos por otros hechos, no enfrentarán la audiencia de solicitud de medidas cautelares.
Según la investigación, desde julio del 2019 hasta noviembre 2025, los sospechosos se asociaron y formaron parte de la célula criminal de Alejandro Arias Monge, alias Diablo. En apariencia, se dedicaron a traficar drogas en la zona de Toro Amarillo y otros sectores de Guápiles.
Ante la sospecha de dicha actividad ilícita, Zamora dirigió la investigación en contra de este grupo, por lo que, en apariencia, por orden de Diablo, miembros del grupo iniciaron un plan para dar muerte al funcionario.
De esa manera, se cree que, el 31 de enero, dos de los sospechosos llegaron a un bar donde se encontraba el ofendido y uno de ellos inició una conversación con él, mientras que el otro tomó una fotografía donde se observaba al investigador.
Se presume que enviaron la imagen a una tercera persona para alertar de la presencia de la víctima. En apariencia, más tarde, Méndez ingresó y disparó en seis ocasiones en contra de Zamora, quien fue trasladado de emergencia a un centro médico, donde falleció el 4 de febrero.
De acuerdo con la prueba recabada hasta ahora, la mujer de apellido Méndez es la hermana del presunto sicario y se encargó de cobrar el dinero por la muerte del oficial. En el caso de Centeno, se presume que este facilitó un abrigó al gatillero para que no lo identificaran; mientras que al resto de detenidos se les vincula con la venta de droga.
El caso corresponde al expediente 25-000001-1981-PE.
