Al igual que con las frecuencias radioeléctricas, el desplazamiento de costarricenses y extranjeros en la milla fronteriza genera dudas sobre el uso del Estado como herramienta de control social en caso de un conflicto de intereses relacionado con la explotación minera en esta región. Según la activista Susan Rodríguez y el periodista Camilo Rodríguez, fueron destruidas 77 casas, un templo católico, una escuela y un salón comunal. Todos estos inmuebles fueron quemados después del desalojo, aun cuando existen estructuras creadas con fondos públicos. La activista Susan Rodríguez afirmó a los policías administrativos del Poder Ejecutivo (Fuerza Pública) que había una notificación que los obligaba a detenerse y que debían contactar al ministro de Seguridad, Mario Zamora; sin embargo, al parecer ignoraron deliberadamente la orden de un juez.
La activista Susan Rodríguez señala la posibilidad de un conflicto de intereses del Poder Ejecutivo con empresarios que podrían participar en concesiones futuras.
Esto genera más dudas, dado lo ocurrido con las frecuencias, que beneficiaba a pocos grupos de medios más fuertes del país.
Hoy, el interés superior del menor y la paz que debe garantizar el Estado al parecer serían olvidados, siendo la misma administración pública la que posiblemente estaría generando una crisis en la zona.
