El Salvador aprobó en 2026 una reforma constitucional que habilita la aplicación de la cadena perpetua para determinados delitos de alta gravedad, en el marco de las políticas de seguridad impulsadas por el gobierno del presidente Nayib Bukele.
De acuerdo con la normativa, la pena de prisión de por vida podrá imponerse en casos como homicidio agravado, violación y delitos vinculados al terrorismo o estructuras criminales. La reforma forma parte de un conjunto de medidas orientadas al combate de las pandillas y la criminalidad organizada en el país.
La incorporación de la cadena perpetua en El Salvador no corresponde a la aprobación de una ley ordinaria, sino a una reforma constitucional del artículo 27 de la Constitución, que previamente prohibía este tipo de pena. La modificación fue aprobada el 17 de marzo de 2026 por la Asamblea Legislativa, con amplia mayoría, y posteriormente ratificada a finales de marzo de 2026, requisito necesario para su entrada en vigor.
A partir de esta reforma, se habilitó legalmente la imposición de prisión de por vida para delitos considerados de alta gravedad, como homicidio agravado, violación y terrorismo. Posteriormente, se realizaron ajustes en la legislación secundaria, incluyendo el Código Penal y normas del sistema de justicia juvenil, con el fin de regular su aplicación práctica dentro del sistema judicial salvadoreño.
En paralelo, la Asamblea Legislativa aprobó cambios legales que permiten la aplicación de esta sanción a personas menores de edad, específicamente a partir de los 12 años, cuando se trate de delitos considerados especialmente graves. La legislación establece condiciones diferenciadas para estos casos, incluyendo la posibilidad de revisión de condena tras el cumplimiento de largos periodos de reclusión.
Las modificaciones se producen en el contexto del régimen de excepción vigente desde 2022, bajo el cual se han registrado más de 90.000 detenciones relacionadas con actividades delictivas, según datos oficiales citados por agencias internacionales.
La implementación de la cadena perpetua y su extensión a menores ha sido objeto de observación por parte de organismos internacionales. Entidades como la Organización de las Naciones Unidas han señalado preocupaciones en torno a la compatibilidad de estas medidas con estándares internacionales en materia de derechos humanos, particularmente en lo relativo a la justicia juvenil.
Las autoridades salvadoreñas sostienen que las reformas responden a la necesidad de fortalecer el sistema penal frente a delitos de alto impacto. Mientras tanto, el desarrollo y aplicación de estas disposiciones continúa siendo monitoreado tanto a nivel nacional como internacional.
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