A pocas horas de la ceremonia oficial de Traspaso de Poderes, la Sala Constitucional resolvió rechazar el recurso de amparo que buscaba frenar las acciones preventivas coordinadas por el Ministerio de Seguridad Pública alrededor del evento protocolario.
La gestión había sido presentada por la activista y estudiante Mía Fink, quien cuestionó el despliegue policial previsto para este viernes y solicitó a los magistrados intervenir para evitar eventuales restricciones a manifestaciones durante la actividad.
Sin embargo, los magistrados determinaron que los argumentos expuestos no demostraban una amenaza concreta ni una afectación real e inmediata a derechos constitucionales, por lo que el recurso fue rechazado de plano.
La resolución deja firme la estrategia de seguridad preparada por las autoridades para el acto de investidura presidencial, uno de los eventos políticos más importantes del país, donde se prevé un amplio operativo de control y vigilancia tanto dentro como fuera de los perímetros oficiales.
En su planteamiento, la recurrente pidió que el despliegue policial tuviera únicamente fines de protección y resguardo institucional, señalando preocupación por la eventual presencia de oficiales de civil y posibles limitaciones a expresiones de protesta.
No obstante, la Sala IV concluyó que no existían elementos suficientes para afirmar que el Estado pretendiera impedir manifestaciones pacíficas o vulnerar derechos fundamentales de manera anticipada.
El fallo se da en un contexto marcado por la tensión política y el debate público sobre los alcances de la seguridad durante actos oficiales, especialmente en momentos donde convergen manifestaciones ciudadanas, movimientos sociales y altas figuras del poder político nacional.
Con esta decisión, las autoridades mantienen vía libre para ejecutar el dispositivo de seguridad planificado para el Traspaso de Poderes de este viernes.
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