Una denuncia anónima presentada ante la Inspección Judicial del Primer Circuito Judicial de San José señala presuntas irregularidades administrativas, favoritismos y posibles conductas de acoso laboral dentro de la Sección de Cárceles del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en el Segundo Circuito Judicial de San José.
El documento, fechado el 4 de mayo de 2026, expone acusaciones contra la jefa de sección, Ingrid Ivonne Long Ureña, por supuestas prácticas relacionadas con cambios de horarios considerados arbitrarios, trato preferencial hacia determinados colaboradores y asignación desigual de funciones operativas.
Según la queja, funcionarios de la dependencia manifestaron temor a eventuales represalias y aseguraron que las decisiones administrativas habrían generado un ambiente laboral conflictivo. El texto también menciona presuntas cargas laborales desproporcionadas y la existencia de un grupo interno de colaboradores identificados como “líderes”, quienes, según los denunciantes, recibirían beneficios en la distribución de tareas.
La denuncia sostiene además que algunos funcionarios habrían presentado afectaciones psicológicas derivadas de las condiciones laborales y que varias personas renunciaron a sus puestos tras la llegada de la actual jefatura.
Otro de los señalamientos incluidos en el documento se refiere a un aparente trato preferencial hacia un custodio de detenidos identificado como Carlos Reyes Ramírez. La denuncia afirma que habría sido eximido de determinadas labores operativas y asignado a custodias de alto perfil mediático.
Asimismo, el escrito cuestiona la participación de la jefa de sección en operativos de alto riesgo, pese a que —según los denunciantes— no tendría asignada arma reglamentaria. El documento relaciona esta participación con procedimientos vinculados a traslados de privados de libertad de alta exposición pública, entre ellos el de José Johnny Ángulo Fernández, alias “John Cadenas”.
Los denunciantes solicitaron a la Inspección Judicial la apertura de una investigación para determinar la veracidad de los hechos expuestos y establecer eventuales responsabilidades administrativas o disciplinarias.
Hasta el momento, no se registra una posición pública oficial por parte del OIJ ni de las personas señaladas en la denuncia.
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