El abogado costarricense Frank Paniagua Mendoza presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público contra la jueza Sady Jiménez Quesada, a quien señala por aparentes delitos de prevaricato, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad en el marco de un proceso de ejecución judicial de alto valor económico.
La denuncia fue remitida al despacho del Fiscal General de la República y a distintas dependencias del Poder Judicial, incluyendo la Inspección Judicial y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción. Según consta en la documentación enviada por el denunciante, el caso quedó registrado bajo el expediente disciplinario 26-001986-0031-DI.
De acuerdo con el escrito, los hechos se relacionan con el expediente judicial 17-65-387-AG, una ejecución promovida contra la empresa North Peninsula Holding NPH, Ltda.
Cuestionamiento sobre representación legal
En la denuncia, Paniagua sostiene que la jueza permitió actuaciones procesales de un abogado cuyo poder especial judicial, según afirma, ya se encontraba vencido y extinguido jurídicamente.
El denunciante asegura haber advertido oportunamente sobre la supuesta caducidad del mandato, argumentando que el profesional ya no tenía facultades legales para representar a la empresa ejecutada. No obstante, afirma que la jueza autorizó su participación bajo la figura de “codirector procesal”, permitiéndole continuar promoviendo recursos y solicitudes dentro del proceso.
Según el documento, esta interpretación habría permitido que el abogado continuara ejerciendo actos de representación pese a que, según la denuncia, el mandato original únicamente lo facultaba para presentar una reconvención ya agotada dentro del expediente.
Embargos levantados y suspensión del proceso
Uno de los puntos más delicados señalados en la denuncia corresponde al levantamiento de embargos previamente decretados dentro del proceso de ejecución, así como a la suspensión total del trámite judicial.
Paniagua sostiene que dichas resoluciones habrían beneficiado directamente a la empresa demandada y causado un perjuicio económico y procesal al ejecutante.
En el escrito remitido a las autoridades judiciales, el abogado argumenta que las resoluciones cuestionadas serían “abiertamente contrarias al texto expreso de la ley”, citando artículos del Código Civil relacionados con la vigencia y extinción del mandato judicial.
Investigación disciplinaria en curso
La documentación aportada por el denunciante incluye además una notificación emitida por la Inspección Judicial del Poder Judicial, en la cual se comunica la resolución de apertura de una investigación disciplinaria vinculada al expediente 26-001986-0031-DI.
Hasta el momento, el Poder Judicial no ha emitido una posición pública sobre las acusaciones planteadas en la denuncia penal ni sobre el alcance de la investigación administrativa en curso.
El caso ahora quedará bajo análisis de las autoridades competentes, quienes deberán determinar si existen elementos suficientes para iniciar una investigación penal formal contra la funcionaria judicial señalada.
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