Lo que inició como una disputa por linderos y derechos en el Golfo de Papagayo ha escalado a una de las batallas legales más cuantiosas y complejas en la historia judicial de Costa Rica. El Sucesorio de Manuel Paniagua Rodríguez ha sacudido el Tribunal de Nicoya al interponer un incidente de fraude procesal, alegando que las empresas Ecodesarrollo Papagayo y North Península Holding (NPH) han utilizado el aparato judicial de forma maliciosa para «secuestrar» activos multimillonarios.
El centro de la controversia es un embargo preventivo que pesa sobre la Hacienda Los Palmares, una joya inmobiliaria de 649 hectáreas en Guanacaste. Según la denuncia, las empresas transnacionales han logrado mantener inmovilizado este activo —valorado en $5.910 millones— mediante una estrategia de «asfixia legal» que carece de sustento jurídico real, fundamentada en procesos que ya han sido rechazados en otras instancias.
Un «daño colateral» de proporciones históricas
La representación del Sucesorio, encabezada por el albacea Frank Paniagua Mendoza, no solo busca levantar la medida cautelar, sino que ha presentado una liquidación de daños y perjuicios que asciende a $4.961 millones de dólares.
Este reclamo se sustenta en la imposibilidad de los herederos de ejercer sus derechos sobre la propiedad durante casi seis años. El escrito sostiene que las demandantes actuaron con «abuso del derecho» al interponer una demanda civil ordinaria por daños que, por ley, debieron discutirse en la vía Contencioso-Administrativa, donde ya existían procesos previos.
Cuestionamientos al sistema judicial
La nota de denuncia va más allá de un simple conflicto entre partes. El documento advierte sobre una presunta trama de fraude procesal, señalando que se ha inducido a error a los jueces para mantener un embargo sobre bienes que, técnicamente, pertenecen al Estado (bajo administración del ICT) pero cuyos derechos de concesión son el botín de la disputa.
«Estamos ante un uso desviado de la jurisdicción», señala el incidente. «Se ha utilizado una fianza insignificante para congelar un patrimonio billonario, impidiendo cualquier desarrollo o transacción sobre la Hacienda Los Palmares».
Hacia un desenlace penal
El conflicto ya trascendió la esfera civil. El Sucesorio ha solicitado que se certifiquen las piezas del expediente para ser remitidas al Ministerio Público, bajo la sospecha de una asociación ilícita que involucraría a altos representantes de las empresas. Asimismo, se ha solicitado la comparecencia obligatoria de los directivos de las sociedades para que respondan por lo que el Sucesorio califica como una «maniobra fraudulenta para perpetuar un embargo ilegal».
Mientras el Tribunal de Nicoya delibera, el caso queda como un precedente crítico sobre los límites de las medidas cautelares en Costa Rica y el riesgo de que el sistema judicial sea utilizado como herramienta de bloqueo económico en disputas de tierras de alto valor turístico.
Basado en el expediente 21-000005-1632-CI
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