WASHINGTON D.C. – La comparecencia del exdirector del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID), Anthony Fauci, ante el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado de Estados Unidos concluyó este miércoles con un nuevo capítulo en la investigación legislativa sobre la pandemia del COVID-19. Tras negarse a responder prácticamente todas las preguntas formuladas por los senadores invocando la Quinta Enmienda de la Constitución estadounidense, el presidente del comité, el senador Rand Paul, anunció que impulsará una votación para declararlo en desacato al Congreso.
La audiencia fue convocada para examinar las decisiones adoptadas durante la pandemia, el financiamiento de investigaciones relacionadas con coronavirus, las declaraciones ofrecidas por Fauci ante el Congreso y el manejo de información sobre el origen del COVID-19.
Antes de iniciar el interrogatorio, Fauci afirmó que la investigación constituye una campaña dirigida personalmente en su contra y aseguró que las preguntas del comité buscan obtener declaraciones que posteriormente puedan ser utilizadas en un proceso penal. Acto seguido, anunció que, por recomendación de sus abogados, ejercería el derecho reconocido por la Quinta Enmienda para no responder preguntas que pudieran incriminarlo.
A partir de ese momento, el exfuncionario invocó ese derecho de manera reiterada, evitando responder los cuestionamientos planteados por los integrantes del comité. La negativa impidió que el Senado obtuviera respuestas directas sobre los temas que motivaron la comparecencia.
Durante la audiencia, el comité sostuvo que la investigación se centra en determinar si, durante la gestión de Fauci al frente del NIAID, recursos públicos administrados por los Institutos Nacionales de Salud (NIH) fueron destinados a proyectos desarrollados por la organización EcoHealth Alliance, entidad que mantenía colaboración científica con el Instituto de Virología de Wuhan, en China.
Los investigadores buscan establecer si parte de esos fondos respaldó investigaciones que podrían clasificarse como experimentos de «ganancia de función», una línea de trabajo científico que estudia modificaciones en virus para analizar cambios en su transmisibilidad o comportamiento biológico. Fauci sostuvo durante años que los proyectos financiados por el NIAID no correspondían a esa categoría conforme a la definición regulatoria utilizada por las agencias federales.
Otro de los ejes de la investigación corresponde a las declaraciones que Fauci ofreció previamente al Congreso. El comité sostiene que existen documentos, correos electrónicos, memorandos y comunicaciones internas que deben ser contrastados con el testimonio brindado por el exfuncionario para determinar si el Congreso recibió información falsa o incompleta respecto al financiamiento de esas investigaciones.
Como parte del expediente legislativo, el comité incorporó más de mil páginas correspondientes a diarios personales de Fauci elaborados durante la pandemia, además de comunicaciones oficiales y registros administrativos relacionados con la supervisión de proyectos científicos financiados con recursos federales.
La investigación también examina el manejo de la información sobre el origen del COVID-19. Los senadores cuestionan si la hipótesis de una posible fuga accidental desde el Instituto de Virología de Wuhan fue descartada públicamente antes de que existiera evidencia suficiente para excluir esa posibilidad y si determinadas comunicaciones entre funcionarios y científicos influyeron en la narrativa oficial presentada durante los primeros meses de la pandemia.
Durante la audiencia, los integrantes del comité señalaron que el propósito de la investigación es establecer si el Congreso fue inducido a error al ejercer su función constitucional de supervisión sobre las agencias federales responsables de la respuesta sanitaria.
La negativa de Fauci a responder derivó en el anuncio realizado por Rand Paul al concluir la sesión. El senador informó que promoverá una votación para declarar al exfuncionario en desacato al Congreso, al considerar que el comité fue impedido de desarrollar plenamente el interrogatorio autorizado mediante la citación.
Paul sostuvo además que el indulto preventivo concedido por el entonces presidente Joe Biden no impediría investigar eventuales conductas posteriores a ese acto, incluido un posible falso testimonio prestado ante el Congreso, argumento utilizado por el comité para mantener el curso de la audiencia pese a la existencia del indulto.
La comparecencia se produce varios años después del inicio de la pandemia, pero las investigaciones legislativas continúan abiertas y abarcan el financiamiento de investigaciones sobre coronavirus, el origen del COVID-19, la utilización de recursos públicos, la comunicación entre organismos federales y científicos, y la información suministrada al Congreso durante la emergencia sanitaria.
Con el anuncio de una posible declaración de desacato, la investigación entra en una nueva etapa. El comité deberá decidir si aprueba esa medida y cuáles serán las actuaciones posteriores dentro del proceso legislativo, mientras continúan las pesquisas sobre uno de los episodios más controvertidos de la respuesta estadounidense frente a la pandemia.
Esta es una noticia en desarrollo.
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