El medio estadounidense vincula el aumento de los homicidios con la expansión del tráfico internacional de cocaína y analiza el enfrentamiento entre el Gobierno y el Poder Judicial.
Costa Rica, reconocida durante décadas por su estabilidad democrática, enfrenta una crisis de seguridad que amenaza con transformar su sistema político, según un amplio reportaje publicado por el diario estadounidense The Wall Street Journal.
La publicación señala que los homicidios aumentaron un 50% desde 2020 y que la tasa nacional llegó a niveles comparables con los registrados en México. El fenómeno estaría relacionado principalmente con las disputas entre grupos criminales locales dedicados a distribuir la cocaína recibida como pago de organizaciones internacionales.
https://www.wsj.com/world/americas/costa-rica-drug-violence-political-earthquake
Costa Rica como ruta internacional
El reportaje sitúa parte del crecimiento del narcotráfico después de la apertura, en 2019, de la Terminal de Contenedores de Moín, en Limón. La infraestructura habría permitido movilizar cargamentos de droga a una escala mucho mayor mediante contenedores destinados a Estados Unidos y Europa.
Según una valoración del Departamento de Estado estadounidense citada por el medio, Costa Rica se convirtió desde 2020 en el principal punto de transbordo de cocaína procedente de Sudamérica con destino a esos mercados.
Las organizaciones transnacionales pagarían parte de sus operaciones con cocaína a grupos costarricenses. Esa droga posteriormente es vendida en el mercado local, provocando disputas territoriales que han disparado los asesinatos, especialmente en Limón, donde la tasa de homicidios supera en más del doble el promedio nacional.
Enfrentamiento entre el Gobierno y el Poder Judicial
The Wall Street Journal también analiza el conflicto entre el Gobierno de la presidenta Laura Fernández y el Poder Judicial.
Fernández ha cuestionado que algunas personas detenidas por la policía recuperen rápidamente su libertad y ha denunciado una posible infiltración del crimen organizado dentro del sistema judicial. Su administración también presentó acciones contra magistrados constitucionales e impulsó reducciones al presupuesto judicial.
Funcionarios judiciales y sectores opositores consideran que estas acciones podrían debilitar la independencia de poderes. El fiscal general, Carlo Díaz, advirtió al diario que los recortes presupuestarios podrían generar condiciones favorables para el crimen organizado, mientras autoridades del Organismo de Investigación Judicial sostienen que una reducción de recursos afectaría las investigaciones.
El Gobierno, por su parte, afirma que busca reformar las instituciones y fortalecer la lucha contra la delincuencia, no controlar al Poder Judicial.
Cuestionamientos al modelo de mano dura
El reportaje vincula la estrategia costarricense con la influencia regional del modelo aplicado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele, basado en el endurecimiento de penas, la suspensión de algunas garantías y la construcción de cárceles de máxima seguridad.
Sin embargo, especialistas consultados advierten que Costa Rica enfrenta una realidad distinta: organizaciones criminales transnacionales profundamente instaladas en el país. Por esa razón, consideran que construir cárceles o aumentar las condenas no sería suficiente para solucionar la crisis.
Aunque la violencia permanece en niveles elevados, los datos más recientes muestran una reducción: al 24 de agosto de 2026 se contabilizaban 520 víctimas de homicidio, frente a 570 durante el mismo periodo de 2025. La disminución no ha sido uniforme, pues Limón, Puntarenas y Cartago registran aumentos respecto al año anterior.
La publicación plantea así un dilema de alcance nacional: cómo enfrentar la expansión del narcotráfico sin debilitar las instituciones democráticas que históricamente han distinguido a Costa Rica.
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