La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha emitido una advertencia sobre las posibles consecuencias de un evento extremo de El Niño, proyectando una reducción acumulada de al menos el 2% del Producto Interno Bruto (PIB) regional durante los próximos tres años y un incremento de 4,8 millones de personas en situación de pobreza.
Esta proyección se basa en un informe especial titulado "Los efectos del fenómeno El Niño en América Latina y el Caribe", el cual utiliza pronósticos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA). Según estos pronósticos, existe una probabilidad superior al 90% de que este ciclo climático alcance una intensidad muy fuerte durante el otoño e invierno boreal de 2026-2027.
La CEPAL estima que la mitad de la contracción del PIB se concentrará en el primer año del fenómeno, y el resto se distribuirá en los dos años siguientes. Los efectos se esperan que sean "profundamente heterogéneos y persistentes", afectando la economía, generando presiones inflacionarias y deteriorando sectores clave como la energía, la pesca y la agricultura.
Uno de los rubros más vulnerables es el suministro eléctrico. Las altas temperaturas aumentarían la demanda de electricidad en ciudades como Lima, São Paulo y Ciudad de México, mientras que la escasez hídrica incrementaría el riesgo de interrupciones del servicio y sobrecostos operativos. Esta vulnerabilidad se atribuye a que en varios países la generación hidroeléctrica supera el 70% del total, y más de la mitad de la capacidad instalada tiene más de 30 años de antigüedad.
En cuanto a la actividad pesquera, antecedentes históricos citados en el documento anticipan un impacto severo, con caídas en las capturas regionales durante episodios de intensidad comparable. La disponibilidad de alimentos también es motivo de preocupación; un análisis de la FAO integrado al diagnóstico indica probabilidades superiores al 70% de sequías en el Corredor Seco Centroamericano, Colombia, Venezuela, Cuba, República Dominicana y Haití, amenazando las cosechas.
Ante este panorama, la CEPAL propuso diez medidas para los gobiernos de América Latina y el Caribe, incluyendo la incorporación del riesgo climático en el diseño de políticas públicas, la asignación de recursos para proteger infraestructuras críticas, la constitución de fondos de reserva y el fomento de la complementariedad entre fuentes de energía renovable.
José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la CEPAL, enfatizó que las respuestas tardías son "considerablemente más costosas que las medidas preventivas basadas en una adecuada anticipación", subrayando la necesidad de una gestión anticipatoria del riesgo climático.
Fuente: Infobae
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