Colombia. La Contraloría General de la República presentó el miércoles 23 de septiembre de 2026 ante el Congreso tres informes sobre las finanzas estatales de 2025, revelando errores contables en entidades como Ecopetrol y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). Además, se identificó un hallazgo disciplinario contra el exministro de Hacienda, Germán Ávila, y se calificó como “No Razonable” la ejecución del presupuesto nacional.
Jenny Lindo, contralora delegada para la Economía y Finanzas Públicas, expuso las conclusiones ante la Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de Representantes. El balance examinó la transparencia de los registros estatales, la sostenibilidad de la deuda y los resultados de la inversión pública.
La deuda bruta total del país al cierre de 2025 ascendió a $1.273,51 billones, equivalente al 68,7% del Producto Interno Bruto (PIB). El Gobierno nacional concentró más del 83% de este monto, con $1.060,41 billones. La deuda interna representó el 65,6% y la externa, el 34,4%. Las operaciones de manejo de esta deuda condujeron al hallazgo disciplinario contra el exministro Ávila.
La auditoría, que revisó el 93,36% de los activos del país mediante una consolidación de 356 entidades, incluido el Sistema General de Regalías, emitió una opinión con salvedades sobre el Balance General de la Nación de 2025. Las fallas se relacionaron con el reconocimiento contable, la gestión de cartera y las provisiones, con inconsistencias que suman $22,4 billones concentradas en la Agencia Nacional de Infraestructura, la Dian y Ecopetrol. El Sistema General de Regalías, con activos por $61,6 billones, también recibió una opinión con salvedades y su control interno fue calificado “con deficiencias”.
La ejecución del presupuesto nacional recibió la calificación más grave debido a inconsistencias por $43,85 billones en la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro. Los problemas incluyeron el manejo de reservas presupuestales, registros inadecuados de obligaciones y omisiones de operaciones. Durante 2025, las finanzas públicas se vieron afectadas por ingresos inferiores a los proyectados, una mayor dependencia del crédito y rezagos en la inversión estatal.
Adicionalmente, la Contraloría General de la República declaró de impacto nacional los hechos detectados en la Fiduprevisora durante las últimas cinco semanas del gobierno de Gustavo Petro. Se identificaron pagos a proveedores de salud del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) por más de $4,4 billones sin soportes ni pruebas. Esta medida habilita una investigación formal de control fiscal a cargo de la Unidad Anticorrupción.
La decisión también abarca diferencias presupuestales en las liquidaciones de contratos vinculados con la administración del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet). Los investigadores detectaron transferencias a empresas de acueducto y energía con patrimonios negativos, giros que superaron los $17.000 millones y fueron objetados por el revisor fiscal de la fiduciaria. La delegada Lindo Díaz solicitó la declaratoria de impacto nacional por el aumento de compromisos y desembolsos efectuados en la administración anterior, buscando mayor celeridad, profundidad, garantía y custodia de la información. En julio de 2026, la Contraloría había establecido hallazgos fiscales por $176.975 millones relacionados con pagos indebidos de servicios médico-asistenciales represados, sanciones y prestaciones realizados sin cumplir los requisitos legales en la Fiduprevisora.
Fuente: Infobae
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