España. Maricarmen Abascal, de 87 años, ha sido desahuciada de la vivienda en Madrid donde residió durante 70 años, la cual fue adquirida por la empresa Urbagestión Desarrollo e Inversiones. Este desalojo se produce en un contexto de continuos aumentos en los precios de la vivienda en España durante los últimos doce años, lo que ha llevado a que los hogares destinen una parte creciente de sus ingresos a este fin.
El caso de Maricarmen ha generado una serie de protestas a nivel nacional. En Madrid, aproximadamente 10.000 personas se manifestaron frente a un inmueble en Chamberí, un barrio exclusivo de la capital, que el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso compró por seis millones de euros en abril y ahora está a la venta. Los manifestantes corearon consignas como “el ático de Ayuso para Maricarmen” y “Ayuso dimisión”, a la vez que agitaban llaves para reclamar vivienda digna. También hubo críticas dirigidas al Ejecutivo central, al que acusaron de “hipócrita” y “rentista” con preguntas como “¿Dónde está el Gobierno progresista?”. La protesta fue convocada por el Sindicato de Inquilinas de Madrid.
En otras ciudades como Barcelona y Oviedo también se realizaron concentraciones de apoyo. En Barcelona, centenares de personas corearon “Maricarmen no estás sola” y “fuera del barrio especuladores”. El Sindicat de Llogateres advirtió que, si el Ejecutivo central no aprueba un real decreto ley sobre vivienda con medidas antidesahucios en la próxima semana, habrá un “otoño caliente”. En Oviedo, unas 200 personas se congregaron frente a la Delegación del Gobierno en Asturias, clamando “no toleramos un desahucio más” y “rentistas culpables, Gobierno responsable”.
Colectivos defensores del derecho a la vivienda han señalado que el desalojo de Maricarmen fue posible debido a las leyes actuales, a pesar de su condición de persona vulnerable con un 50% de discapacidad por problemas de movilidad y sin una alternativa habitacional. La protección extraordinaria contra desahucios, que estuvo vigente desde la pandemia, dejó de aplicarse en febrero de 2026, ya que el Congreso no la renovó, abriendo la puerta a desalojos de personas y familias vulnerables sin alternativa.
Este desalojo ha incrementado la presión sobre el Gobierno para la aprobación de su nuevo decreto de vivienda, presentado en julio. Dicho decreto, entre otras medidas, propone suspender los desahucios de personas vulnerables. Sin embargo, su aprobación se pospuso tras objeciones de Junts y Podemos. Sumar, socio del Gobierno, ha solicitado que el decreto se apruebe en el Consejo de Ministros del próximo martes. No obstante, la norma deberá ser convalidada por el Congreso, requiriendo el respaldo de los grupos parlamentarios. El plan de ayudas que el Gobierno prepara buscaría suspender temporalmente los desahucios de personas vulnerables que no tengan una alternativa habitacional tras cuatro meses, aplazando el procedimiento hasta que la administración ofrezca una solución. Durante este periodo, los costos de la suspensión serían cubiertos por la administración, no por el propietario.
Fuente: Infobae
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