Colombia. La Defensoría del Pueblo conmemoró el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas en su sede nacional en Bogotá, dedicando un espacio a la memoria y el reconocimiento del trabajo de familias, organizaciones sociales y colectivos que buscan a sus seres queridos. Este encuentro reunió a plataformas de derechos humanos, representantes de la academia, movimientos comunitarios y corporaciones de víctimas, con el fin de evaluar la persistencia de este delito en el país y fortalecer el acompañamiento estatal en los procesos de búsqueda e identificación.
La vicedefensora del Pueblo, Paula Aponte Urdaneta, destacó el papel fundamental de los familiares en la preservación de la memoria histórica y en la exigencia de respuestas al Estado colombiano. Aponte afirmó que “la memoria en movimiento no la produce la institucionalidad. La producen las organizaciones y las familias buscadoras, que llevan décadas sosteniendo con su cuerpo y su insistencia una pregunta que el Estado no ha logrado responder del todo: ‘¿Dónde están?’”.
Según los registros oficiales de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (Ubpd), con corte al 21 de agosto de 2026, el número proyectado de personas desaparecidas en el territorio nacional asciende a 137.000. Por su parte, el Registro Único de Víctimas (RUV) contabiliza un total de 211.924 personas reconocidas bajo este hecho victimizante hasta el 31 de agosto de 2026.
Las cifras de la Ubpd indican que 51.716 personas están dedicadas a la búsqueda activa de sus familiares, de las cuales más del 63% son mujeres. Además, más de 54.000 ciudadanos acudieron formalmente a la entidad en calidad de allegados o parientes para solicitar la localización de un ser querido.
La práctica de la desaparición forzada continúa presente en los territorios colombianos después de la firma del Acuerdo de Paz en 2016. La Defensoría del Pueblo recibió 11.635 declaraciones por este delito hasta el 1 de agosto de 2026, de las cuales 3.558 corresponden al periodo posterior al Acuerdo de Paz y 309 fueron radicadas durante el transcurso de 2026.
Entre 2019 y 2026, el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo emitió 86 advertencias sobre riesgos de desaparición forzada en más de 320 municipios del país. Las situaciones de vulnerabilidad se concentran principalmente en los departamentos de Antioquia, Caquetá, Cauca, Cundinamarca y Huila, asociadas a disputas por economías ilícitas, reclutamiento de menores, trata de personas y dinámicas migratorias.
El evento conmemorativo hizo énfasis en la implementación de la Ley 2364 de 2024 y el Decreto 0063 de 2026, normativas que crean el Registro Único de Mujeres Buscadoras para brindar protección integral y apoyo institucional a las lideresas de estos procesos. La vicedefensora Aponte Urdaneta resaltó el enfoque ético del acompañamiento defensorial a las organizaciones de mujeres en las regiones: “La Defensoría del Pueblo ha respaldado a las mujeres buscadoras a nivel nacional con apoyo psicosocial y jurídico; ha sido un acompañamiento humano, ético y cercano. Estar a su lado significa decirles que no están solas, que su dolor no será invisibilizado y que su lucha se ha convertido también en la nuestra”.
La jornada también abordó la necesidad de consolidar un relevo generacional en los colectivos de búsqueda, considerando que una parte significativa de los buscadores supera los 60 años. Asimismo, se destacó que en los pueblos étnicos este proceso se adelanta conforme a sus tradiciones, autoridades propias y saberes ancestrales. Al cierre de la actividad, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado a la sociedad colombiana para superar la polarización política y asumir la búsqueda de los desaparecidos como una causa humanitaria y un compromiso de país, enfatizando que “como Defensoría del Pueblo no hablamos de cifras. Hablamos de rostros, de vidas que merecen volver a casa. Porque mientras existan voces que resisten y memorias que permanecen, habrá esperanza”.
Fuente: Infobae
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