Colombia. Wadith Manzur, senador electo y vinculado al caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), ha declarado su inocencia y negó cualquier intención de colaborar con la justicia mediante negociaciones. A través de su abogado, Luis Carlos Torreglosa, Manzur afirmó que enfrentará un juicio oral para defender su presunción de inocencia y comparecerá ante la Sala Especial de Primera Instancia.
La defensa de Manzur desmintió las versiones de medios de comunicación y redes sociales que sugerían una posible negociación. Torreglosa enfatizó que su cliente demostrará que no formó parte de la red criminal que ha salpicado a diversas figuras políticas colombianas.
La decisión de Manzur se produce después de que el presidente del Senado, Honorio Henríquez, informara el 28 de julio de 2026 que se negó una solicitud de Manzur para tomar posesión de su cargo. Días antes, el 20 de julio, el legislador había solicitado autorización para ser trasladado y asistir a una sesión del Congreso a pesar de estar bajo medida de aseguramiento.
Actualmente, Manzur se encuentra recluido en la cárcel La Picota, en Bogotá. Previamente, estuvo en el búnker de la Fiscalía General de la Nación tras entregarse a las autoridades judiciales.
La Corte Suprema de Justicia ordenó la captura de Wadith Manzur y Karen Manrique en marzo de 2026, como parte de las investigaciones del escándalo de la Ungrd. Ambos son parte de un grupo de cinco congresistas acusados de cohecho impropio. La acusación señala que los legisladores habrían aceptado dádivas a cambio de respaldar con su voto planes de endeudamiento externo del Gobierno en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Este proceso investiga una presunta compra de votos ligada a dicho organismo legislativo.
Manzur fue mencionado por Olmedo López, exfuncionario de la Ungrd, quien lo señaló como presunto beneficiario de contratos direccionados mientras integraba la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. López indicó que Manzur habría actuado como vocero de un grupo de legisladores que condicionó su apoyo a proyectos de ley a la asignación de contratos y obras financiadas por la Ungrd en sus regiones. La Corte estudia declaraciones y documentos, incluyendo los de María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, para determinar la participación de Manzur en la presunta entrega de beneficios a cambio de apoyos legislativos.
A pesar de su situación judicial, Manzur se postuló para la reelección en el período 2026-2030, obteniendo la segunda mayor votación en el Partido Conservador, según la Registraduría Nacional del Estado Civil. La defensa argumentó que las restricciones de la medida de aseguramiento podrían limitar sus derechos políticos y la representación democrática de sus electores, anticipando incluso la posibilidad de acudir a instancias internacionales para defender su caso.
Fuente: Infobae
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