Argentina | El Gobierno argentino, a través del Instituto Nacional de Semillas (Inase), ha convocado a representantes del sector agropecuario y de la industria semillera para avanzar en la redacción de una nueva ley de semillas. La reunión se llevará a cabo el próximo lunes en la Secretaría de Agricultura, con el objetivo de que ambos sectores expongan los puntos de consenso alcanzados en torno al uso propio de semillas. Se espera que, con base en estos acuerdos, el Inase elabore un proyecto de ley que se aspire a enviar al Congreso en un mes.
Durante los últimos meses, técnicos de la Mesa de Enlace y de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) han mantenido reuniones para discutir los límites del uso propio de semillas, abarcando cultivos como soja, trigo, algodón y legumbres. Aunque la discusión ha avanzado, no se ha anunciado un acuerdo global ni un borrador de proyecto oficial. Uno de los puntos centrales de la negociación ha sido la definición de qué productores quedarían exentos de pagar por el uso propio y bajo qué condiciones.
En agosto, las entidades rurales y ASA reconocieron la necesidad de modernizar la normativa y exploraron alternativas para el uso propio, incluyendo excepciones gratuitas y onerosas. Recientemente, se ha observado un cambio en el enfoque, pasando de una excepción general de 500 hectáreas a la utilización de deciles de superficie del Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA) como base para la negociación. Sin embargo, aún no se han definido públicamente las hectáreas por cultivo que se incluirían ni quiénes accederían a la gratuidad.
La reforma de la ley de semillas podría servir para alinear la normativa argentina con una eventual adhesión al Acta de 1991 de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (Upov 91). Argentina ya es parte del Acta de 1978 de la Upov. Representantes de este organismo han aclarado que el Acta de 1991 permite a cada país establecer excepciones y sus condiciones. La negociación actual busca precisamente cómo implementar estas disposiciones en una nueva ley argentina. Una fuente del sector, bajo condición de anonimato, indicó que, si bien puede haber consensos para mejorar el sistema, persisten diferencias sobre el marco normativo y los contratos, aunque resaltó la importancia de mantener el diálogo.
Fuente: La Nación Argentina
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