Costa Rica. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió medidas cautelares a diez nicaragüenses exiliados en Costa Rica, al considerar que sus derechos a la vida y a la integridad personal están en riesgo grave y urgente. La resolución fue adoptada el 20 de septiembre y difundida el 24 del mismo mes.
El organismo solicitó al Estado costarricense que evalúe individualmente las amenazas que enfrenta cada beneficiario y que implemente mecanismos de protección adecuados. La CIDH indicó que las personas afectadas denunciaron amenazas y hechos de violencia relacionados con la represión transnacional atribuida al gobierno de Nicaragua.
Entre los incluidos en la resolución se encuentran Aníbal Enrique Toruño Jirón y su familia; Hanssel Manuel Vásquez Ruiz; Tania Jeaneth López Rodríguez; Amaru Ruiz Alemán; Eliseo Fabio Núñez Morales y su núcleo familiar, además de un periodista nicaragüense cuya identidad se mantiene en reserva.
El Estado costarricense manifestó ante la Comisión su respeto por el mecanismo de medidas cautelares, pero sostuvo que no se cumplían los requisitos establecidos en el artículo 25 del Reglamento de la CIDH. Según la posición estatal, la información disponible demostraba una respuesta diligente de las autoridades nacionales y la existencia de recursos institucionales para atender las situaciones denunciadas.
La CIDH evaluó los argumentos de ambas partes y concluyó que los beneficiarios continúan expuestos a una situación que amerita protección, indicando que, aunque existen mecanismos institucionales, no cuenta con elementos para confirmar que el riesgo haya sido reducido de forma efectiva. La Comisión no determinó responsabilidades sobre posibles vulneraciones, ya que las medidas cautelares buscan prevenir daños irreparables mientras se analiza la situación.
La CIDH pidió a las autoridades costarricenses que realicen una evaluación integral e individualizada del riesgo, considerando las circunstancias de cada persona, el origen de las amenazas y sus actividades en el país. A partir de esta evaluación, el Estado deberá definir mecanismos de protección eficaces e idóneos, acordes con los estándares internacionales, y adoptarlos en concertación con los beneficiarios.
La resolución también ordena que Costa Rica informe sobre las gestiones realizadas para investigar los hechos que motivaron la medida cautelar y para evitar que se repitan, así como sobre las acciones adelantadas para esclarecer las amenazas denunciadas.
Las medidas cautelares son un mecanismo de protección urgente del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, emitidas cuando una persona o grupo enfrenta una situación de gravedad y urgencia con riesgo de daño irreparable. Esta decisión no implica un pronunciamiento sobre una eventual petición ante el sistema interamericano ni anticipa una conclusión sobre la posible violación de derechos protegidos.
Fuente: Infobae
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