Costa Rica. Más de 30.000 jubilados del Magisterio Nacional de Costa Rica han presentado una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Reclaman el congelamiento de sus pensiones desde enero de 2021, lo que, según la Asociación de Jubilados en Acción del Magisterio Nacional (AJA), ha afectado su capacidad adquisitiva.
La AJA solicita a los magistrados ordenar al Ministerio de Hacienda la aplicación de incrementos automáticos y semestrales a las pensiones del Régimen Transitorio de Reparto (RTR), amparadas en las leyes N.º 2248 y N.º 7268. La organización estima que más del 65% de los pensionados de este régimen no han recibido ajustes por costo de vida desde hace más de cinco años.
La acción legal cuestiona los artículos 2 y 79 de la Ley N.º 7531, Reforma Integral del Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, argumentando que genera un trato diferenciado entre jubilados del mismo sistema. Según la AJA, unos 16.000 jubilados bajo la Ley 7531 sí cuentan con un mecanismo de revalorización automática semestral, vinculado al Índice de Precios al Consumidor (IPC), mientras que los más de 30.000 restantes no. La asociación aclara que no busca eliminar este mecanismo para quienes ya lo tienen, sino extender una protección similar a los demás jubilados.
El presidente de la AJA indicó que la decisión de recurrir a la vía constitucional se tomó después de que una iniciativa legislativa para permitir ajustes en las pensiones de montos menores fuera vetada por el Poder Ejecutivo. El expresidente Rodrigo Chaves Robles vetó el expediente N.º 24.353 el 28 de abril de 2026, argumentando que crearía obligaciones de gasto permanente sin financiamiento específico y aumentaría la rigidez presupuestaria.
La organización de jubilados fundamenta su reclamo en la pérdida de poder adquisitivo. Citan datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) que muestran un crecimiento acumulado del costo de vida del 9,04% entre enero de 2021 y diciembre de 2025. Durante este periodo, Costa Rica experimentó una inflación interanual máxima del 13,06% en 2022. La AJA sostiene que el congelamiento ha impactado la capacidad de los adultos mayores para cubrir necesidades básicas como alimentación, servicios y atención médica.
La Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA) ha explicado que los ajustes para las pensiones de las leyes 2248 y 7268 están vinculados a los aumentos salariales de los trabajadores activos del sector educativo. Al no autorizarse incrementos salariales para estos funcionarios, no se generan los decretos para los ajustes de los jubilados bajo esas leyes. JUPEMA también ha señalado que carece de autonomía legal para ordenar unilateralmente estos aumentos, ya que las pensiones son pagadas por el Estado mediante el presupuesto nacional.
La acción presentada busca que la Sala Constitucional ordene al Ministerio de Hacienda aplicar automáticamente los ajustes semestrales por IPC a las pensiones afectadas, basándose en los principios de igualdad, no discriminación y progresividad de los derechos humanos. No obstante, la presentación de la acción no implica un aumento inmediato de las pensiones, sino que corresponde a la Sala Constitucional determinar el proceso y resolver los cuestionamientos legales.
Fuente: Infobae
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