Colombia | La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia ha desmentido las acusaciones de corrupción y ha defendido la gestión de sus recursos, destacando que las revisiones de la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación no encontraron irregularidades. La JEP afirmó que, tras siete auditorías de la Contraloría y catorce informes de la Procuraduría, no se han registrado hallazgos de corrupción ni de otro tipo.
La entidad subrayó un cumplimiento presupuestal del 99,3% en 2025 y fue reconocida por el Ministerio de Hacienda como una de las instituciones públicas con mejor ejecución de recursos. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) la calificó como un modelo de transparencia pública.
En cuanto a su sede en Bogotá, la JEP aclaró que el avalúo comercial de 2026 es de $288.538.000.000, y que la cifra de $20.975.000.000 que circuló corresponde al valor catastral del inmueble en 2020. La sede continúa en arriendo debido a conceptos desfavorables en proyectos de compra durante las administraciones de Iván Duque Márquez y Gustavo Petro, por parte del Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación (DNP) respectivamente. La oficina de Bogotá, operativa desde marzo de 2018, alberga despachos de magistrados, salas de audiencia, expedientes físicos y el centro de datos que resguarda la memoria judicial de ocho años de funcionamiento.
Respecto a los viajes internacionales, la JEP indicó que responden a invitaciones oficiales, actividades judiciales y eventos relacionados con derechos humanos y derecho penal internacional. Estas misiones, según la Jurisdicción, sirven para informar a la comunidad internacional sobre el cumplimiento del Acuerdo Final de Paz. Se mencionaron las participaciones de los presidentes de la JEP, Roberto Carlos Vidal y Alejandro Ramelli, en sesiones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York en 2024 y 2025, respectivamente. También se destacó el viaje de Ramelli a París, Ginebra y La Haya en 2025 para presentar las primeras sentencias restaurativas, incluyendo casos contra el secretariado de las Farc-EP por secuestros y contra exintegrantes del Batallón La Popa por falsas bajas en combate. Algunas comisiones al exterior también tuvieron fines judiciales, como las visitas al Centro Penitenciario de Florence en Colorado para entrevistar a testigos recluidos en Estados Unidos.
Fuente: Infobae
Apoya el periodismo independiente
Sinpe 6334-5121 | Donar Aquí