México | Una investigación realizada por el Human Rights Center (HRC) de la Universidad de California, Berkeley, ha puesto de manifiesto un patrón de persecución contra periodistas y defensores de derechos humanos en México, abarcando el periodo de diciembre de 2018 a septiembre de 2024. El estudio, titulado “Under Attack: Targeting of Journalists and Human Rights Defenders in Mexico”, sugiere que los asesinatos, desapariciones, vigilancia, hostigamiento digital y estigmatización deben ser considerados como parte de una estrategia de persecución.
El HRC documentó un total de 337 asesinatos de periodistas (78) y defensores de derechos humanos (259) durante el sexenio analizado. Estos homicidios son presentados como la manifestación más visible de un conjunto más amplio de agresiones dirigidas a quienes investigaban actos de delincuencia, corrupción y abusos de poder. La investigación estima que la impunidad en los crímenes contra este sector se mantuvo en un rango del 93% al 99% en el periodo estudiado.
Lindsay Freeman, directora sénior de Responsabilidad Internacional del HRC, calificó estos hallazgos como una “campaña sostenida” en contra de quienes ejercen la vigilancia cívica. Según Freeman, en el reporte se afirma que “se les trató como enemigos del Estado por exigir responsabilidades al poder”.
El análisis de Berkeley también aborda la vigilancia electrónica, encontrando evidencia del uso de Pegasus durante la administración de López Obrador. La investigación rastreó la adquisición y operación de herramientas de espionaje hasta estructuras de la Secretaría de la Defensa Nacional. Además, el estudio documenta el uso de otras tecnologías como Geomatrix e incluye investigaciones sobre la extracción de información de dispositivos electrónicos. Parte de esta evidencia provino de documentos de la Sedena obtenidos a través de la filtración conocida como Guacamaya Leaks.
Adicionalmente, el estudio examinó las conferencias matutinas del expresidente y las campañas de hostigamiento que, según la investigación, se desataron tras señalamientos públicos dirigidos a periodistas y defensores.
Originalmente, el proyecto estaba destinado a ser presentado ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI). No obstante, el HRC explicó que las sanciones impuestas por Estados Unidos contra la CPI, mediante la orden ejecutiva 14203 firmada por Donald Trump el 6 de febrero de 2025, impidieron seguir esa vía legal. Por ello, la investigación se transformó en una plataforma pública con información sobre víctimas, casos y evidencias. El HRC indicó que parte de la evidencia más sensible no fue incluida en el repositorio público.
La relevancia jurídica del argumento de Berkeley se ve reforzada por un cambio reciente en la propia Fiscalía de la CPI. En diciembre de 2025, el tribunal publicó su Política sobre Delitos Facilitados por Medios Cibernéticos, la cual establece un marco para la investigación de crímenes bajo el Estatuto de Roma que involucran tecnologías digitales. El Estatuto de Roma considera la persecución contra un grupo identificable como crimen de lesa humanidad cuando forma parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil y está vinculado a otros actos bajo la jurisdicción de la Corte. La investigación de Berkeley propone que la vigilancia digital, el acoso, la estigmatización y la violencia física pueden ser analizados en conjunto bajo este marco jurídico. Hasta el momento, estos hallazgos constituyen una tesis y evidencia recopilada por el centro universitario, no una investigación formal abierta por la CPI contra López Obrador.
Fuente: Infobae
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