Afganistán | Las autoridades talibanes confirmaron la detención de varias mujeres y niñas en Kabul y en la provincia occidental de Herat. El motivo de los arrestos fue el incumplimiento del código de vestimenta impuesto por el régimen desde su regreso al poder en 2021. Saifuddin Khaibar, portavoz del Ministerio para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio, declaró a Amu TV que la falta de uso del hiyab es un “delito muy grave”, aludiendo a la obligación religiosa y las leyes afganas que exigen a las mujeres cubrirse desde el cabello hasta los pies.
Aunque el funcionario no detalló la cantidad exacta de detenciones ni la situación actual de las afectadas, informes iniciales del sábado, citados por Amu TV, indicaron que ocho mujeres fueron arrestadas en Jebrael y en la avenida 64 Meter Road en Herat. Las detenidas fueron liberadas tras pasar la noche bajo custodia, comprometiéndose a acatar el código de vestimenta y pagando una fianza. Este procedimiento ha sido documentado por organizaciones de derechos humanos.
Estos arrestos no son un hecho aislado en Kabul. En enero de 2024, el mismo ministerio ya había informado de detenciones de mujeres en la capital por usar un “mal hiyab”, según Associated Press, sin proporcionar cifras. En julio de este año, la misión de Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) expresó su preocupación por “numerosas” detenciones de mujeres y niñas en Kabul entre el 16 y el 19 de ese mes, advirtiendo que tales incidentes “contribuyen a un clima de miedo y erosiona la confianza pública”.
El marco legal para estas detenciones se estableció en mayo de 2022, cuando un decreto del gobierno talibán exigió a las mujeres cubrirse el rostro por completo en público y recomendó el uso del burka, una norma que ya estuvo vigente entre 1996 y 2001. Este decreto fue reforzado por la Ley para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio, que otorga a los agentes de moralidad facultades para vigilar la vestimenta y el comportamiento de las mujeres en espacios públicos.
Desde agosto de 2021, el régimen talibán ha restringido progresivamente la participación de las mujeres en la vida pública. Se les ha prohibido el acceso a la educación secundaria y universitaria, se les ha apartado de la mayoría de los empleos públicos y requieren la compañía de un tutor masculino para desplazarse largas distancias. Un informe de UNAMA de abril a junio de este año registró 389 detenciones arbitrarias y 65 casos de maltrato por parte del personal de la Promoción de la Virtud, incluyendo arrestos por cuestiones como el peinado o el incumplimiento de ayunos religiosos.
Ante esta situación, expertos de Naciones Unidas, incluyendo a Richard Bennett, relator especial para Afganistán, y Dorothy Estrada-Tanck, presidenta del Grupo de Trabajo sobre la Discriminación contra las Mujeres y las Niñas, solicitaron en septiembre que la ONU clasifique el “apartheid de género” como un crimen de lesa humanidad. En un comunicado conjunto, advirtieron que una “generación entera” de mujeres afganas ha crecido sin acceso a la educación secundaria y urgieron a no normalizar las relaciones diplomáticas con las autoridades de facto sin “progreso medible” en derechos humanos.
A pesar de estas advertencias, algunos países han reestablecido vínculos diplomáticos con Kabul. Mientras tanto, persisten los llamados de Doha, impulsados por la ONU y Catar, para incluir a organizaciones de mujeres en las negociaciones sobre el futuro político del país, lo cual el régimen talibán ha rechazado sistemáticamente.
Fuente: Infobae
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