Colombia | El presidente Abelardo de la Espriella, el domingo 27 de septiembre de 2026, propuso a la justicia buscar negociaciones con los individuos investigados por presuntos actos de corrupción durante la administración de su predecesor, Gustavo Petro. Esta declaración presidencial se produce luego de que el Consejo de Estado declarara la “muerte política” de Iván Name, quien fungiera como expresidente del Congreso y ha sido vinculado al caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
De la Espriella instó a la rama judicial a considerar la posibilidad de ofrecer acuerdos que permitan a los implicados en la cadena de corrupción del gobierno anterior colaborar a cambio de beneficios, siempre y cuando presenten pruebas. El mandatario colombiano también hizo un llamado a los detenidos por corrupción, a los investigados y a los futuros procesados para que reflexionen sobre sus acciones y piensen en sus familias, asegurándoles que quienes cooperen con la justicia recibirán un “castigo atenuado”.
En relación con la decisión del Consejo de Estado sobre Iván Name, el presidente De la Espriella calificó la medida como “dura y compleja”, destacando que no puede ser ignorada en el país. Subrayó que fue el Consejo de Estado, y no su gobierno, quien tomó la determinación, sugiriendo que el gobierno anterior “corrompió” al expresidente del Congreso. El presidente enfatizó que los individuos corruptos deben enfrentar la justicia y rendir cuentas, rechazando cualquier posibilidad de impunidad para los actos de malversación.
Durante su alocución nacional, el presidente Abelardo de la Espriella también se refirió a otras iniciativas de su gobierno. Anunció que liderará acciones contra organizaciones criminales y defendió la estrategia de seguridad implementada, presentando los resultados de las primeras semanas de su gestión. Destacó intervenciones en ciudades como Santa Marta y Cali, la extradición de un individuo conocido como alias Araña, y la atribución de descensos en las cifras de secuestro, extorsión y masacres a las políticas de su administración. Afirmó que “quien ataca a los colombianos va a encontrar al Estado”.
El jefe de Estado indicó que las Fuerzas Armadas tienen la orden de perseguir a los responsables dentro del marco legal y constitucional. Además, su exposición incluyó temas fiscales, de salud, y educación, especialmente tras el terremoto del 10 de agosto, así como las investigaciones en curso por corrupción.
En el contexto de Santa Marta, De la Espriella atribuyó a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, también conocidas como Los Pachenca, la responsabilidad de bloqueos, ataques a vehículos y amenazas a transportistas que siguieron a la muerte de alias Cholo, identificado como el segundo al mando de dicho grupo. Calificó esta reacción como “narcoterrorismo”. La respuesta oficial implicó la militarización de la ciudad y el fortalecimiento de la presencia pública en Ciénaga, Riohacha, Dibulla y la Troncal del Caribe, con la participación de 2.500 miembros de la fuerza pública, apoyo aéreo, puestos de control y rondas nocturnas.
Los operativos, según el gobierno, resultaron en 23 detenciones (18 en Magdalena y cinco en La Guajira), seis allanamientos y la liberación de cinco bloqueos en la carretera Santa Marta-Riohacha. Entre los detenidos se encuentran alias Yolima, pareja de alias Pinocho, y alias Juancho Roy, vinculado por las autoridades con actividades de sicariato. Se ofrecieron recompensas de 3.000 millones de pesos por Pinocho, Doscientos y Patilizo. En Cali, la Operación Iron culminó con 85 capturas después del despliegue de 1.200 policías y militares en seis comunas y 24 microterritorios urbanos.
Fuente: Infobae
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