El Salvador | La Asamblea Legislativa de El Salvador ha aprobado un decreto transitorio que autoriza la participación de la Fuerza Armada del país en la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) en Haití. Esta nueva misión sustituirá a la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MMAS) en la nación caribeña.
El decreto, enviado al parlamento por el Ministerio de Defensa Nacional el 28 de septiembre, entrará en vigor el 2 de octubre de 2026, una vez que sea publicado en el Diario Oficial. La normativa tendrá una validez inicial de 12 meses, con la posibilidad de una prórroga automática si la operación se mantiene o si las autoridades salvadoreñas lo consideran necesario.
La contribución de El Salvador a la GSF incluirá aeronaves de ala rotatoria equipadas para las tareas de la misión, así como los medios necesarios para la protección del personal civil y militar salvadoreño. El texto legal permite también ampliar la asistencia en función de las necesidades operativas en Haití y las capacidades institucionales de El Salvador.
El contingente salvadoreño estará autorizado para operar tanto desde territorio haitiano como desde la República Dominicana. Para ello, el Gobierno salvadoreño deberá firmar acuerdos interestatales que regulen el despliegue, el mantenimiento de las aeronaves y las operaciones de abastecimiento.
El personal civil y militar que conforme el contingente deberá acatar las leyes locales, mantener una conducta coherente con el carácter internacional e imparcial de la operación y cumplir con los Convenios de Ginebra y sus protocolos. Tendrán libertad de movimiento para cumplir sus funciones y estarán protegidos por el Acuerdo de Protección de Estatus de la GSF en Haití, que confiere inmunidades y privilegios.
Esta autorización se fundamenta en la resolución 2793 de 2025 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la cual dispuso la transición de la MMAS a la GSF en coordinación con el Gobierno haitiano. El Salvador ya había aprobado en diciembre de 2024 la participación de su Fuerza Armada en la misión multinacional anterior, cuya autorización expiraba el 2 de octubre de 2026, fecha que coincide con la entrada en vigencia del nuevo decreto.
El Gobierno salvadoreño ha comunicado a las Naciones Unidas y a Estados Unidos su disposición para coordinar recursos en apoyo a esta operación. Según el texto legislativo, la Fuerza Armada de El Salvador cuenta con la capacidad de proporcionar ayuda militar y equipamiento de defensa para las tareas de seguridad encomendadas a la nueva fuerza.
El decreto establece que El Salvador conservará la jurisdicción sobre su personal desplegado, bajo el principio de nacionalidad. Asimismo, faculta al presidente a negociar las condiciones para asegurar que los integrantes del contingente no sean entregados ni transferidos a tribunales internacionales, entidades u otros Estados, siempre y cuando no contravenga los tratados ratificados por el país. El personal salvadoreño recibirá un trato equivalente al de otros efectivos participantes en las tareas de mantenimiento de la seguridad bajo mandato de las Naciones Unidas y con el aval del Gobierno de Haití. La ley también excluye de la Ley de Compras Públicas las adquisiciones que realice el Ministerio de la Defensa Nacional para equipamiento, entrenamiento, predespliegue y traslado del contingente.
Fuente: Infobae
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