Colombia | La Contraloría Distrital de Medellín ha establecido un daño patrimonial de 10.944 millones de pesos en relación con el lote Aguas Vivas. Este monto se deriva del incremento en el valor del inmueble mientras estuvo bajo propiedad pública, diferencia que, según el organismo de control, no fue reconocida al momento de su devolución a particulares.
El predio, con una extensión de 146.686,29 metros cuadrados, fue cedido gratuitamente al patrimonio de Medellín en diciembre de 2019 por particulares, como parte del cumplimiento de obligaciones urbanísticas. La administración distrital consideró el lote para futuros proyectos de espacio público, sostenibilidad ambiental y desarrollo tecnológico.
Sin embargo, el inmueble regresó a manos de los particulares en octubre de 2022, tras la terminación unilateral del contrato de cesión gratuita. La inscripción registral de esta decisión se efectuó en febrero de 2023.
La Contraloría Distrital llevó a cabo una actuación especial a través del Grupo Especial de Reacción Inmediata, abarcando el periodo entre 2019 y 2026, para determinar si existió una afectación al patrimonio público. El informe de la entidad detalla que el valor estimado del lote al ingresar al patrimonio del Distrito en 2019 era de 52.561 millones de pesos, mientras que en 2023, al salir del inventario público, alcanzó los 63.046 millones de pesos. La diferencia entre ambos valores constituye el daño patrimonial identificado.
La entidad ha precisado que esta determinación es un insumo técnico para el proceso de control fiscal y no representa una declaración definitiva de responsabilidad. El informe y las pruebas serán remitidos a la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, que se encargará de las actuaciones subsiguientes. La Contraloría Distrital de Medellín enfatizó que en las siguientes etapas se deberán establecer los hechos, analizar las pruebas y garantizar el debido proceso, la contradicción y la defensa de las partes que puedan ser vinculadas.
El caso del lote Aguas Vivas también está ligado a una investigación penal en la que trece personas, incluido el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, fueron imputadas. Este proceso judicial sigue abierto, con reparos presentados por el juez de conocimiento respecto a la imputación de la Fiscalía. Una de las controversias en el caso es la expedición de un decreto en mayo de 2023, durante la administración de Quintero, que modificó las restricciones de uso del predio y que impactó su valoración comercial. Anteriormente, los antiguos propietarios habían solicitado el reconocimiento de un valor superior a 40.000 millones de pesos, petición que no prosperó debido a la intervención de organismos de control.
Fuente: Infobae
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