Costa Rica | La Policía Profesional de Migración de Costa Rica llevó a cabo la detención de un hombre de apellido Feng y una mujer de apellido Wu en San Rafael de Alajuela. Ambos individuos, de nacionalidad china, son investigados por su presunta implicación en el delito de trata de personas con fines de explotación laboral, afectando a dos menores de edad de nacionalidad venezolana. Las detenciones se realizaron en la vía pública, frente a uno de los establecimientos comerciales vinculados a la investigación.
Según la pesquisa policial, las víctimas habrían sido sometidas a jornadas laborales que excedían las 12 horas diarias, sin contar con días de descanso, horarios adecuados para la alimentación, remuneración económica ni seguro médico. Las autoridades también señalaron que los sospechosos presuntamente ejercían control sobre los menores, reteniendo sus documentos personales, incluyendo sus pasaportes, y restringiendo su libertad para salir de los domicilios y comercios donde se encontraban.
La investigación indica que los hechos podrían remontarse a 2017, año en que Feng y Wu habrían asumido el rol de adultos responsables o garantes de los dos menores venezolanos. Posteriormente, Feng habría trasladado a las víctimas a un supermercado en San Rafael de Alajuela, donde se les asignaron labores. El hombre también figura en la investigación como administrador de los establecimientos comerciales donde supuestamente se desarrollaban estas actividades.
La Policía Profesional de Migración está investigando este caso como trata de personas con fines de explotación laboral. Las autoridades no han emitido una condena, por lo que Feng y Wu mantienen la condición de sospechosos en una investigación penal y deberán seguir las etapas del proceso judicial. Este incidente resalta una forma de trata que no se limita a la explotación sexual, sino que también puede manifestarse a través de condiciones laborales abusivas, acompañadas de mecanismos de control, amenazas, aislamiento o restricciones de libertad. El Poder Judicial de Costa Rica califica la trata con fines de explotación laboral como un delito de acción pública y enfatiza que cualquier persona puede denunciar situaciones sospechosas ante las autoridades competentes.
Migración precisó que las condiciones bajo investigación implicarían una vulneración de los derechos fundamentales de las víctimas, debido a factores como las jornadas excesivas, la falta de remuneración y descanso, y las restricciones de movimiento. El operativo en Alajuela es parte de las acciones contra la trata de personas, y se insta a la ciudadanía a reportar confidencialmente posibles casos a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 o directamente a la Unidad de Investigaciones de la Policía Profesional de Migración. Las autoridades han identificado como posibles señales de alerta la restricción de movilidad de personas, extranjeros sin control de sus documentos, individuos constantemente vigilados o trasladados por terceros, y trabajadores con condiciones laborales irregulares. Las diligencias continúan para esclarecer cómo llegaron las víctimas al país, la duración de su permanencia en estas condiciones y el alcance de la presunta explotación.
Fuente: Infobae
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