Argentina | La Justicia argentina avanza en una causa de presunta corrupción que involucra a Facundo Leal, expresidente de la empresa estatal Arsat, y a otras nueve personas. Fiscales federales de San Isidro y de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas han solicitado el procesamiento de Leal por el supuesto direccionamiento de contratos a favor de la empresa Argentina Logistic Services SA (ALS), además de la comisión de sobornos.
El requerimiento fiscal, presentado ante el juez federal Lino Mirabelli, señala que entre diciembre de 2020 y diciembre de 2024, funcionarios de Arsat y directivos de ALS habrían orquestado un "acuerdo venal" para que ALS obtuviera 12 contratos irregulares relacionados con fletes, transporte, grúas y el alquiler de un depósito. Según los fiscales, estos contratos generaron un perjuicio al Estado por un monto de 1.695.667 dólares y 32.210.287 de pesos.
La investigación detalla que, en noviembre de 2020, un intermediario identificado como Santiago Pando habría solicitado a Diego Padilla, empresario de ALS, que contactara a Gerardo Boschin, entonces subgerente de Compras de Arsat y cercano a Leal. Posteriormente, en diciembre del mismo año, tras una reunión en Arsat, Padilla habría comunicado a su colaboradora Sofía Varela Vizgarra que "todo venía perfecto" y que debían "hacer un par de cosas para que quede algo para los muchachos", en alusión a los funcionarios, según la interpretación fiscal.
Uno de los elementos clave de la acusación es el alquiler de un predio en San Fernando por parte de ALS en mayo de 2021, antes de cualquier trámite formal. Ese mismo día, Varela Vizgarra habría creado una cuenta de correo a nombre de Tradelog, una empresa que luego figuraría como supuesta competidora en la licitación, aunque ante la Justicia negó haber cotizado. Archivos de las ofertas de ALS, Tradelog y Transportes Padilla (la firma familiar de los Padilla) muestran que fueron ingresadas en un lapso de 43 minutos el 10 de septiembre de 2021, y los metadatos de los PDF indican que ALS fue el autor de los tres documentos, sugiriendo una competencia simulada.
Además, se encontraron conversaciones de chat que vinculan pagos de Arsat con entregas de dinero. Por ejemplo, en mayo de 2022, Fernando Paredes, presidente de ALS, escribió a Padilla sobre la entrega de 6 mil dólares a Gerardo, de Arsat, por concepto de alquiler y movimientos del depósito, coincidiendo con facturas cobradas recientemente. En otra ocasión, en marzo de 2022, Padilla pidió dinero a Paredes "para llevarle a Arsat", especificando 22.000 del depósito, a lo que Paredes respondió sobre la disponibilidad de 15.000 dólares de operaciones y otros 15.000 por tres meses de depósito, aclarando que era "para Pando por negocio Arsat". Los fiscales interpretan esta distinción como un desmantelamiento de la defensa que sugería que todo el dinero era una comisión para el intermediario.
Leal ha negado su intervención directa, argumentando que la responsabilidad penal no puede derivarse únicamente de su cargo. Sin embargo, los fiscales sostienen que en octubre de 2021, Pando escribió a Padilla que Facundo (Leal) había indicado a Gerardo (Boschin) que incluyera más elementos en el contrato, como viajes de vuelta y grúas, y que "inventaran". Al día siguiente, Boschin habría comunicado que el expediente estaba "a la firma de Facu". Posteriormente, en noviembre de 2022, Leal, ya como gerente general, autorizó el inicio de una contratación directa para prorrogar el depósito y firmó la adjudicación por 133.944.749 de pesos en diciembre.
En 2024, Leal fue designado responsable de Compliance de Arsat. En noviembre de ese año, con la causa ya iniciada, preguntó a Boschin por ALS, identificando a Padilla como "tu amigo" y advirtiendo que se había "ido de boca en la fiscalía". Para los fiscales, que el encargado de velar por la integridad fuera uno de los principales protagonistas de la trama revela el grado de institucionalización de la corrupción en Arsat.
El análisis de antenas de celulares ha ubicado a Leal, Boschin, Padilla y Pando en la estación terrena de Benavídez en días clave, y se corroboró un encuentro en un café en octubre de 2024. Testigos, incluyendo el chofer de Leal y sus asistentes, describieron visitas frecuentes de Pando a Leal y un trato de amistad. El chofer también reconoció a Padilla como alguien que se reunía con Leal y relató que en febrero de 2026 Leal le encargó llevar dos valijas pesadas a Mendoza, una de las cuales fue identificada como la que contenía una gran cantidad de dinero.
Para Boschin y Pablo Pagani, subgerente de Logística y cuñado de Leal, los fiscales solicitaron procesamiento sin prisión preventiva por administración fraudulenta, negociaciones incompatibles, cohecho pasivo e incumplimiento de deberes. Para otros acusados como Navarro y Álvarez, se pidió lo mismo, pero sin cohecho. Diego Padilla y Paredes serían procesados como autores de cohecho activo. Varela Vizgarra y Pando como partícipes necesarios, y Gastón Padilla como partícipe de la administración fraudulenta. También se pidió el procesamiento de ALS SA bajo la ley de responsabilidad penal empresaria y embargos. Todos los acusados han negado los hechos.
Fuente: La Nación Argentina
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