Colombia | La Fiscalía General de la Nación allanó la sede de Activos por Colombia en Barranquilla, luego de una denuncia presentada por la Sociedad de Activos Especiales (SAE). La investigación se centra en presuntas irregularidades relacionadas con el manejo y posible ocultamiento de información institucional.
El operativo se llevó a cabo el domingo 27 de septiembre de 2026, bajo la dirección de la Fiscalía 9.ª Especializada de la Estructura de Apoyo, con el respaldo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), incluyendo unidades anticorrupción y de delitos cibernéticos. La Procuraduría General de la Nación también estuvo presente durante la diligencia.
Diana Patricia Bravo Vélez, presidenta de la SAE, informó que la acción judicial se inició a partir de datos recibidos por las autoridades sobre posibles actos de corrupción dentro de Activos por Colombia. Bravo Vélez señaló que la alerta indicaba una posible intervención en los sistemas de información de la sociedad.
Según la funcionaria, la información sugería una posible manipulación de los sistemas, lo que podría haber involucrado la eliminación de cuentas, correos electrónicos, archivos y otra información institucional. La SAE indicó que parte de estos datos pudo haber sido ocultada a la nueva administración, designada por el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. La investigación busca determinar si hubo alteración, eliminación o manipulación de la información y quiénes serían los responsables.
Durante el allanamiento en Barranquilla, las autoridades confiscaron equipos tecnológicos, los cuales serán sometidos a análisis forenses. La Fiscalía busca preservar los registros digitales y verificar la existencia de posibles daños informáticos. Bravo Vélez enfatizó que los análisis técnicos y la investigación fiscal establecerán si hubo manipulación, alteración o eliminación de archivos, correos o cuentas.
Un juez de control de garantías declaró la legalidad formal y material del procedimiento de registro y allanamiento. La presidenta de la SAE afirmó que la nueva administración de la entidad colaborará plenamente con la Fiscalía, la Procuraduría y otros organismos de control, comprometiéndose a garantizar la transparencia y a permitir que las autoridades esclarezcan lo ocurrido.
Los activos y la información bajo la administración de la SAE son considerados patrimonio público, y los resultados de los peritajes a los dispositivos incautados serán cruciales para determinar la existencia de conductas delictivas y las responsabilidades pertinentes.
Esta situación se enmarca en polémicas previas relacionadas con Activos por Colombia. En mayo de 2026, se conoció un convenio que la SAE habría firmado en 2025 con la plataforma Activos por Colombia, por un valor de 16.725 millones de pesos. Este convenio, según un informe de Semana, estaba dirigido por Abraham Antonio Katime Orcasita, cuya actividad proselitista a favor del senador Iván Cepeda generó interrogantes sobre posibles conflictos de interés en la comercialización de bienes incautados.
El acuerdo, con una vigencia de un año, habría permitido a la entonces administración gestionar más de 38.000 inmuebles. Las operaciones realizadas mediante subastas habrían superado los 100.000 millones de pesos, canalizando recursos a más de 40 entidades estatales. Katime Orcasita, gerente general de la plataforma con sede en Barranquilla, ha sido visto en actividades políticas en la costa Caribe y es activo en redes sociales, defendiendo posturas políticas, lo que alimenta la controversia sobre la compatibilidad de su respaldo político con la gestión de activos bajo el control de la SAE.
Fuente: Infobae
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