Estados Unidos | Un juez de Staten Island ha ordenado a la ciudad de Nueva York reiniciar el proceso de implementación del recargo a las viviendas conocidas como pied-à-terre. La resolución, difundida el 29 de septiembre, establece que el procedimiento actual traslada de manera injusta la carga de la prueba a los propietarios para demostrar que los inmuebles son su residencia principal.
La decisión judicial anula las notificaciones enviadas hasta la fecha y exige la emisión de nuevas comunicaciones que contengan datos precisos sobre las propiedades afectadas por el gravamen. Este fallo impacta directamente el mecanismo establecido por el Departamento de Finanzas municipal para aplicar el impuesto a segundas residencias de alto valor.
A pesar de la orden, la ciudad ha solicitado la suspensión de la medida judicial. En consecuencia, el recargo seguirá apareciendo en las facturas fiscales y deberá ser abonado el 1 de enero, mientras el litigio continúa su curso. El tribunal criticó que la administración municipal “trasladó injustamente la carga a miles de propietarios para que probaran su residencia básica”, argumentando que las autoridades debían identificar de manera adecuada los inmuebles sujetos a la medida antes de proceder con el cobro.
Los demandantes, propietarios afectados, señalaron que sus nombres y propiedades fueron incluidos en una lista pública de potenciales contribuyentes, a pesar de que algunos de estos departamentos o viviendas constituyen su residencia principal. Otros recibieron cartas advirtiendo sobre una posible obligación tributaria en sus domicilios.
La orden judicial no solo cancela todas las comunicaciones previas, sino que también instruye a la ciudad a eliminar de la página web del Departamento de Finanzas el listado de propietarios e inmuebles divulgado durante el proceso. Las nuevas cartas deberán especificar la propiedad exacta que sería gravada, según lo establecido por el tribunal.
Randy Mastro, abogado que representa a los propietarios que impugnaron las notificaciones, afirmó que la administración del alcalde Zohran Mamdani no cumplió con los pasos legales antes de intentar cobrar el impuesto. Mastro sostuvo que el gobierno local intentó que “miles, incluso cientos de miles de neoyorquinos” asumieran su obligación de pago y probaran su residencia en sus propias viviendas.
El conflicto legal actual se centra en el procedimiento de identificación de los contribuyentes y no en la validez del tributo en sí. El recargo está dirigido a propiedades que funcionan como segundas residencias de lujo en Nueva York y es defendido como una herramienta para que los propietarios con mayor capacidad económica contribuyan al financiamiento de servicios públicos.
La administración de Mamdani defendió el recargo, con Matt Rauschenbach, portavoz del alcalde, afirmando que responde a “un principio básico de equidad”. Rauschenbach declaró que “si se puede pagar una segunda vivienda de lujo en la ciudad de Nueva York, se puede pagar una parte justa por las escuelas, las calles y los parques que hacen que esta ciudad funcione”. También criticó a los demandantes, sugiriendo que personas con mayores recursos intentan evitar el pago a través de acciones judiciales. El portavoz aseguró que la decisión del tribunal era errónea y que el Ejecutivo municipal buscaría mantener el programa “de manera justa, eficiente y en pleno cumplimiento de la ley”.
Desde la oficina de la gobernadora Kathy Hochul, una portavoz respaldó la normativa, mencionando a empresarios como Steve Wynn y Wilbur Ross para reforzar el argumento a favor del gravamen sobre segundas residencias de alto valor. Hochul, quien promulgó la legislación, considera que los propietarios más ricos y sus grupos representantes pueden contribuir al pago de servicios esenciales como la policía, la recolección de residuos y la remoción de nieve. El estado ha anticipado que defenderá la norma ante los tribunales.
Fuente: Infobae
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