Costa Rica | La Defensoría de los Habitantes expresó su preocupación por un video difundido por el Ministerio de Justicia y Paz. En la grabación, el ministro Gabriel Aguilar Vargas increpa a personas privadas de libertad y anuncia su traslado inmediato a un régimen de alta contención. El video, titulado “Los Jachudos van directo al CACCO”, muestra a Aguilar en una inspección penitenciaria donde también se decomisaron armas punzocortantes.
Durante la inspección, el ministro Aguilar advierte a los internos sobre posibles traslados si no se identifican, llegando a ordenar el retiro de dos de ellos para ser enviados a alta contención y posteriormente al Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO). Aguilar manifestó que la medida debía servir “de lección al resto”. Las imágenes también muestran a algunos privados de libertad en el suelo mientras son intervenidos por funcionarios.
La Defensoría de los Habitantes señaló que el mantenimiento del orden penitenciario debe realizarse dentro de los límites legales y los procedimientos técnicos del sistema. El organismo indicó que una persona privada de libertad mantiene derechos fundamentales y cuestionó la exposición de los internos y el anuncio inmediato de traslados a regímenes de mayor seguridad. Angie Cruickshank, defensora, subrayó que “una persona privada de libertad sigue siendo una persona con derechos”.
Según la Defensoría, la ubicación de una persona en un régimen de máxima seguridad no puede ser una decisión improvisada ni usarse como castigo. Existen procedimientos técnicos, como la Circular N.° 1-2026 del Instituto Nacional de Criminología, que establecen criterios jurídicos para determinar la ubicación de internos en espacios de alta contención, valoración que corresponde a órganos técnicos de la Dirección General de Adaptación Social. Una decisión unilateral que omita estos pasos puede afectar la legalidad y el debido proceso.
El organismo también objetó el lenguaje y las condiciones en que se presentó a los internos en el video, calificando de preocupantes los “gritos, humillación pública”, la colocación forzada de personas en el suelo y el empleo de expresiones estigmatizantes. Por ello, solicitó al Ministerio de Justicia cesar estas prácticas de exposición pública y hostigamiento. Asimismo, pidió que cualquier traslado al Circuito de Alta Contención se produzca únicamente tras comprobar, mediante los procedimientos institucionales, que cada interno cumple con el perfil requerido. La Defensoría enfatizó que “la autoridad del Estado se fortalece cuando actúa respetando sus propias normas, la Constitución y los derechos humanos”.
El Ministerio de Justicia y Paz respondió que el criterio de la Defensoría no le es vinculante. Este no es el primer desacuerdo entre ambas instituciones, ya que en junio de 2026 el Ministerio anunció que no acataría recomendaciones de la Defensoría sobre las condiciones en el régimen de alta contención, argumentando que las medidas especiales respondían a criterios de seguridad y combate al crimen organizado.
La controversia surge mientras Costa Rica se prepara para la apertura del CACCO, que al 21 de septiembre de 2026 tenía un avance del 95%. Este centro busca albergar a población penitenciaria de alto riesgo. Aguilar vinculó el comportamiento de algunos internos con un eventual traslado a este centro, pero la Defensoría insiste en que toda reubicación debe ser precedida por una valoración individual y documentada, reiterando que “combatir la criminalidad y mantener el orden en los centros penitenciarios solamente es legítimo cuando se hace respetando la Constitución, el debido proceso y la dignidad humana”.
Fuente: Infobae
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