Bolivia | Catorce personas fueron arrestadas la madrugada del jueves en operativos simultáneos en Bolivia, entre ellas el fiscal general, un fiscal departamental, un fiscal superior y un jefe policial, bajo acusaciones de presuntos delitos vinculados al narcotráfico y crimen organizado.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, identificó en una conferencia de prensa a cuatro de los detenidos. Se trata de Roger Mariaca, fiscal general del Estado; Alberto Zeballos, fiscal Departamental de Santa Cruz; Martín Irusta Flores, fiscal superior; y Rubén Aparicio, mayor de la Policía. Las acusaciones en su contra incluyen organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas y tráfico ilícito de sustancias controladas.
Según Oviedo, otras cuatro personas fueron aprehendidas mientras intentaban sacar dinero del domicilio del fiscal general, Roger Mariaca, utilizando una ambulancia. Las autoridades también buscan al exministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, quien presuntamente enfrenta acusaciones similares.
Roger Mariaca, elegido fiscal general en 2024 con el respaldo de diversas bancadas políticas, es señalado por el Gobierno de haber transformado la institución en “una organización criminal destinada a proteger, incentivar y proteger el narcoterrorismo en el país”.
Alberto Zeballos, quien fue fiscal en la instancia especializada en Persecución de Delitos de Corrupción (Fepdc), fue designado fiscal departamental de Santa Cruz en octubre de 2024 por Mariaca.
Martín Irusta Flores, abogado defensor del expresidente Evo Morales y de algunos de sus ministros, fue candidato a diputado en 2025 por Alianza Popular, el frente político liderado por Andrónico Rodríguez, y posteriormente nombrado fiscal superior por Mariaca.
El mayor Rubén Aparicio es señalado como el nexo entre el fiscal general Roger Mariaca y el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. Un video difundido tras la captura de Marset muestra al narcotraficante refiriéndose al fiscal como “su amigo”.
El ministro de Gobierno indicó que los demás detenidos son sospechosos de autoría o complicidad en la supuesta red que favorecía al crimen organizado.
Estas detenciones ocurren tres días después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos difundiera una lista de funcionarios y exfuncionarios bolivianos presuntamente vinculados a actividades ilícitas, a quienes se les revocó la visa para ese país. En esa lista figuran los tres fiscales detenidos, así como jueces, exministros y miembros de la Policía. A pesar de esto, el ministro Oviedo descartó la participación de la DEA en los operativos de captura.
Las acusaciones de Estados Unidos y las recientes detenciones están generando un quiebre en la administración judicial boliviana, en un contexto de cuestionamientos sobre la imparcialidad de la Justicia y el presunto encubrimiento al narcotráfico. Recientemente, un video que presuntamente muestra a una jueza ingresando al domicilio de Sebastián Marset horas antes de su captura, ha dado lugar a una investigación disciplinaria y ha levantado nuevas interrogantes sobre la infiltración de organizaciones criminales en el sistema judicial.
El ministro Oviedo calificó estas detenciones como una “oportunidad histórica” para transformar la justicia en el país, advirtiendo que “Tienen dos opciones: o están con la ley y el desarrollo de nuestra patria, o están con el delito y el terrorismo. A los que se quedan del lado del delito, los vamos a combatir constantemente”.
Fuente: Infobae
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