Colombia | La Fiscalía General de la Nación de Colombia ha ejecutado la extinción de dominio sobre 25 bienes, que incluyen 19 inmuebles y 6 sociedades, con un valor estimado cercano a los $20.000 millones. Estos activos están vinculados a seis personas investigadas en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Entre los afectados por esta medida se encuentran los exdirectivos de la Ungrd, Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez; los expresidentes del Congreso y de la Cámara de Representantes, Iván Leónidas Name Vásquez y Andrés Calle Aguas, respectivamente; el contratista Luis Eduardo López Rosero; y el exasesor jurídico Pedro Rodríguez Melo.
La acción, llevada a cabo el 1 de octubre de 2026, busca despojar a los presuntos implicados de los bienes que habrían obtenido mediante el desvío de recursos públicos, inicialmente destinados a obras de mitigación y atención de emergencias. Los bienes objeto de la medida están localizados en Bogotá y en nueve departamentos del país, incluyendo Medellín (Antioquia), Montería (Córdoba), Pasto y Chachagüí (Nariño), Sopó y Tabio (Cundinamarca), Cúcuta (Norte de Santander), Villavicencio (Meta) y Sabana de Torres (Santander).
Específicamente, a Iván Name Vásquez se le incautaron cuatro activos en Bogotá, Juan de Acosta (Atlántico), Villavicencio y Sopó (Cundinamarca). En este último caso, la medida abarca el 33% de la propiedad. Andrés Calle Aguas, por su parte, posee cuatro inmuebles en Montería. Un bien en Medellín está asociado a Olmedo López, y otro en Sabana de Torres a Sneyder Pinilla. Pedro Rodríguez Melo tiene un predio en Tabio.
El contratista Luis Eduardo López Rosero es quien acumula el mayor número de activos individuales, con siete bienes en Pasto, Chachagüí y Cúcuta. Estos incluyen sociedades comerciales que, según la Fiscalía, se habrían utilizado para obtener contratos de la Ungrd y para la movilización de dinero ilícito.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Ejército Nacional, están a cargo de la materialización de estas medidas, que incluyen la suspensión del poder de disposición de los bienes (prohibición de venta o gravamen), embargos, secuestros y la toma de posesión de las propiedades, haberes y negocios.
El escándalo de la Ungrd investiga un presunto esquema de direccionamiento de contratos y desvío de fondos públicos. Uno de los episodios más conocidos fue la compra de 40 carrotanques para suministrar agua a La Guajira, operación que presentó supuestos sobrecostos y deficiencias en los vehículos. La investigación se ha extendido a otros contratos y convenios que habrían beneficiado a empresarios y financiado pagos ilegales. Los exdirectivos López y Pinilla han colaborado con la justicia, mientras que los expresidentes del Congreso Name y Calle, quienes también son investigados por presuntos sobornos relacionados con iniciativas legislativas, han negado las acusaciones.
Fuente: Infobae
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