Argentina | El Gobierno de Argentina, a través de la Secretaría de Trabajo, presentará un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para no reconocer la certificación de autoridades de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), liderada por Luis Barrionuevo.
Esta acción busca objetar una decisión previa de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que había validado de forma provisional la conducción nacional del gremio y había ordenado a la Secretaría de Trabajo expedir el certificado de autoridades correspondiente. La decisión del gobierno de recurrir a la máxima instancia judicial se produce ante la postura de impugnar fallos adversos a sus resoluciones administrativas, como la de no reconocer el triunfo electoral de Barrionuevo mientras persista una controversia judicial.
La disputa judicial en torno a las elecciones sindicales de diciembre pasado se enmarca en un deterioro de la relación entre el presidente Javier Milei y Barrionuevo. Previamente, en 2023, Barrionuevo había pactado con Milei, entonces candidato presidencial de La Libertad Avanza, el aporte de fiscales de su sindicato para las elecciones nacionales de ese año. Sin embargo, en La Libertad Avanza acusaron a Barrionuevo de incumplir dicho compromiso, y el sindicalista, por su parte, rompió el vínculo en rechazo al acuerdo electoral de Milei con Mauricio Macri y Patricia Bullrich.
La oposición interna a Barrionuevo también ha cuestionado el fallo de la Sala VI de la Cámara de Apelaciones del Trabajo. La nómina Gris/Naranja, encabezada por Dante Camaño, ex cuñado de Barrionuevo y líder de la Seccional Capital de Gastronómicos, denunció supuestas irregularidades procesales. Alegaron que la sentencia se dictó con celeridad para evitar recusaciones contra los magistrados, argumentando que el expediente modificó el orden de integración del tribunal sin justificación. Según la oposición, la notificación oficial indicaba que los camaristas Carlos Pose y Marina Pisacco debían votar, con Gabriela Vázquez interviniendo solo en caso de disidencia. No obstante, el fallo fue firmado por Pisacco y Vázquez, sin el voto de Pose ni explicación formal de su ausencia. La exclusión del vocal titular previsto y la inclusión de una jueza que, a su parecer, no debía participar, fue objeto de crítica.
Los representantes de la Lista Gris/Naranja señalaron que la rapidez de la sentencia buscaba neutralizar posibles recusaciones basadas en intervenciones previas de los integrantes de la Sala VI. Respecto al camarista Pose, indicaron que había fallado previamente a favor del sector de Barrionuevo en causas relacionadas con la interna sindical, rechazando reclamos de la oposición y convalidando actuaciones de la junta electoral oficialista, lo que podría configurar un prejuzgamiento. En cuanto a la jueza Vázquez, la oposición recordó que se había excusado de intervenir en un expediente similar, el caso “Sasprizza”, por considerar que existía prejuzgamiento, y cuestionaron su participación y voto en la nueva resolución sin explicar la desaparición de esos impedimentos. A Pisacco se le atribuyó una “doble vara”, resolviendo rápidamente medidas cautelares favorables al barrionuevismo, mientras demoraba recursos que buscaban revisar la validez de los comicios. Estas situaciones, según la oposición alineada con Camaño, comprometen la validez procesal del fallo de la Sala VI, y la controversia por la conducción y el patrimonio de UTHGRA avanza hacia una posible definición en la Corte Suprema.
Fuente: Infobae
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