Estados Unidos | Janet Risi Field, de 66 años, exdirectora ejecutiva de una cooperativa de compras, y su hermano Steven Louis Risi, de 70, enfrentan acusaciones federales en Florida por su presunta implicación en un esquema de sobornos y lavado de dinero. Este esquema habría causado pérdidas superiores a los 80 millones de dólares a miles de franquiciados de una importante cadena de sándwiches en América del Norte. La acusación fue desclasificada el 1 de octubre y se tramita bajo el expediente 26-cr-20405 en la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida.
Los hermanos Field y Risi, residentes de Pinecrest y Coral Gables respectivamente, han sido acusados de conspiración para cometer lavado de dinero y de realizar transacciones con bienes derivados de actividad ilícita. Adicionalmente, Field enfrenta cargos por fraude electrónico y fraude electrónico de servicios honestos. Las autoridades, incluyendo el FBI y la Oficina del Inspector General de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC-OIG), señalan que la supuesta trama se mantuvo durante décadas y giró en torno a contratos con proveedores.
La empresa afectada, referida en la acusación como “Restaurant Chain-1”, coincide con la descripción de la red de Subway. La cadena de comida rápida cuenta con más de 20.000 locales en América del Norte. La Independent Purchasing Cooperative, Inc. (IPC), que Field ayudó a fundar en 1996 y dirigió hasta 2021, es una organización sin fines de lucro encargada de negociar los precios de alimentos, productos, equipos y servicios para los franquiciados de Subway.
Según la fiscalía, Field habría utilizado su cargo en IPC para establecer acuerdos secretos con intermediarios de proveedores, quienes recibían comisiones por contratos. Parte de estos ingresos, se alega, era transferida a Field y a miembros de su familia sin el conocimiento del directorio de IPC ni de los franquiciados. Estos contratos abarcaban desde carnes frías y quesos hasta otros bienes y servicios esenciales para los restaurantes, afectando directamente los precios pagados por miles de propietarios de franquicias.
Steven Louis Risi, hermano de Janet, es señalado por su participación en la gestión de los fondos ilícitos. Los fiscales afirman que ambos utilizaron cuentas bancarias y sociedades comerciales para recibir, mover y ocultar comisiones y pagos de proveedores. Una cuenta controlada por los hermanos habría recibido cerca de un millón de dólares, y otros 3,4 millones se habrían usado para cubrir gastos de tarjetas de crédito de Field.
Se estima que Field, Risi y otros familiares habrían disimulado más de 60 millones de dólares en sobornos y comisiones ilegales mediante empresas pantalla. Los fondos se habrían destinado a remodelaciones de viviendas en Florida y Carolina del Norte, inversiones privadas, gastos personales, membresías en clubes y joyas, superando los 400.000 dólares solo en joyas. Además, un fondo paralelo iniciado en los años 2000, supuestamente financiado por un co-conspirador a instancias de Field, habría pagado unos 25 millones de dólares para beneficio de Field y su entorno, incluyendo más de 420.000 dólares a una asistente personal y más de 150.000 dólares a una empleada doméstica y un trabajador de mantenimiento.
La acusación también detalla que alrededor de 2011, Field habría gestionado un pago de aproximadamente 8 millones de dólares para resolver una demanda de una excontratista de IPC que denunciaba una relación financiera inapropiada entre Field y proveedores. La fiscalía sostiene que Field ocultó esta demanda y las condiciones del acuerdo al directorio de IPC. Tras su salida de la cooperativa en 2021, IPC le pagó más de 6 millones de dólares en indemnización, supuestamente sin conocimiento de las operaciones ahora investigadas.
Las penas máximas previstas para los cargos incluyen 20 años de prisión por conspiración para lavar dinero, hasta 10 años por cada cargo de transacciones con fondos de origen ilícito, y hasta 20 años por cada cargo de fraude electrónico. Los fiscales Eli S. Rubin y Roger Cruz están a cargo de la acusación. El proceso judicial deberá definir el alcance de las operaciones cuestionadas y determinar si existieron pagos ocultos que alteraron los costos de compra para los franquiciados.
Fuente: Infobae
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