Argentina | La Fiscalía Federal de San Isidro y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas de Argentina solicitan el procesamiento de acusados en una investigación por presuntas irregularidades en contratos entre la empresa estatal ARSAT y Argentina Logistic Services S.A. (ALS). La causa se centra en acuerdos de fletes, transporte, grúas y servicios de depósito otorgados entre diciembre de 2020 y diciembre de 2024. La acusación sostiene que ALS habría sido favorecida a través de un acuerdo con funcionarios de ARSAT para la renta de un predio en San Fernando, donde se almacenaron equipos de alto costo de la empresa estatal.
La investigación se inició tras el robo de equipos tecnológicos estratégicos para la Red Federal de Fibra Óptica, que se encontraban en el predio de San Fernando. Entre las pruebas presentadas por la Fiscalía se incluyen mensajes de texto, registros de llamadas, documentación administrativa y declaraciones testimoniales. Estos elementos, según la acusación, deben ser analizados de manera conjunta para evidenciar un esquema de corrupción.
Uno de los mensajes clave, fechado el 16 de mayo de 2022, muestra a uno de los directivos de ALS, Fernando Paredes, escribiendo a su socio Diego Padilla: “Hoy vimos todo con Sofi. El jueves vamos a ARSAT para darle 6 mil dólares a Gerardo, de los in y out del depósito y del movimiento de suelo. Otra cosa cobrada no hay”. La Fiscalía interpreta este mensaje, enviado poco después de que ARSAT cancelara facturas a ALS, como una evidencia de entregas de dinero indebidas a funcionarios, en este caso a Gerardo Boschin, subgerente de Compras y Contrataciones de ARSAT en ese momento.
Otro intercambio, del 21 de diciembre de 2020, tras una reunión en ARSAT, muestra a Padilla enviando un mensaje a una empleada de ALS, Sofía Varela Vizgarra: “Estoy en ARSAT. Viene todo perfecto… Tenemos que hacer un par de cosas para que quede algo para los muchachos”. Este diálogo es encuadrado por la acusación dentro de la hipótesis de pagos indebidos y retornos vinculados a los contratos.
La Fiscalía también citó una comunicación del 27 de abril de 2021, donde Boschin propuso a Padilla reunirse en Nordelta. Dos días después, Padilla escribió a Paredes: “Cerrado tema depósito. Avancemos a full. Tendríamos que hacer un contrato entre ALS y ARSAT, ¿no? ¿Se lo tendrías que pedir?”. Este mensaje es considerado relevante por los fiscales al haber sido enviado antes de la formalización del procedimiento de contratación, sugiriendo que la decisión de favorecer a ALS ya estaba tomada.
Los directivos de ALS, Padilla y Paredes, han negado haber entregado dinero o beneficios a empleados de ARSAT. Ambos reconocieron haber pagado una comisión a Santiago Pando, un intermediario, argumentando que era una retribución comercial válida por haber facilitado el negocio con la empresa estatal. Sin embargo, la Fiscalía considera que las comunicaciones sobre fondos “para Pando por negocios ARSAT” podrían encubrir retornos para funcionarios.
El listado de llamados y registros de antenas también muestra una comunicación frecuente entre los integrantes de ALS, funcionarios de ARSAT y Pando. La acusación plantea que estas maniobras buscaban justificar los precios de ALS y materializar negociaciones espurias, donde el beneficio para la empresa privada se habría traducido en retornos para funcionarios públicos.
Facundo Leal, ex titular de ARSAT, también figura entre los acusados. La Fiscalía solicitó su procesamiento con prisión preventiva. Leal, quien fue presidente del directorio de ARSAT en 2022 y responsable del área de “Compliance” en 2024, negó las acusaciones y alegó no tener facultades de decisión al inicio del vínculo con ALS. La Fiscalía, sin embargo, contrapone su rol jerárquico y sus obligaciones de integridad y control, citando comunicaciones donde Leal se habría interesado por la investigación una vez iniciada.
ARSAT S.A. reclama una indemnización de 1.912.000 dólares y 130.600.000 pesos por los supuestos contratos irregulares. A esto se suma un perjuicio económico adicional de 151.126 dólares, 1.651.047,66 pesos y 3.383.805 pesos por la sustracción de equipos almacenados en el predio de ALS S.A. entre diciembre de 2023 y enero de 2024, según una resolución de la Cámara Federal de San Martín.
Fuente: Infobae
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