Costa Rica | Este viernes 2 de octubre, Costa Rica manifestó su condena ante la “deriva autoritaria” en Nicaragua y solicitó a la Organización de los Estados Americanos (OEA) la creación de condiciones para elecciones libres, plurales y con observación internacional. La posición fue expuesta por la vicecanciller Adriana Bolaños durante una reunión extraordinaria de cancilleres de la OEA en Washington.
Bolaños señaló un deterioro de las condiciones democráticas y del pluralismo político en Nicaragua, bajo la administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En su intervención, la vicecanciller afirmó: “Estamos ante un proceso sistemático de eliminación del pluralismo político, el cierre del espacio cívico y concentración del poder. Costa Rica condena firmemente esta deriva autoritaria”.
La reunión fue convocada por el Consejo Permanente de la OEA, que consideró los acontecimientos recientes en Nicaragua como un “problema de carácter urgente y de interés común”. Los países miembros aprobaron una resolución que insta a las autoridades nicaragüenses a restablecer las libertades civiles, avanzar hacia elecciones libres y liberar a los detenidos por motivos políticos. Además, la OEA acordó establecer un mecanismo de seguimiento diplomático para evaluar los avances y determinar futuras acciones.
Costa Rica, a través de Bolaños, enfatizó la necesidad de ir más allá de la preocupación y avanzar hacia medidas concretas con objetivos y mecanismos de seguimiento claros. Las exigencias costarricenses incluyen la liberación de personas detenidas por razones políticas, la restitución de derechos civiles y políticos, la devolución de la nacionalidad a quienes fueron privados de ella, el cumplimiento de las medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la creación de condiciones para elecciones libres y plurales con observación internacional.
La resolución de la OEA también demanda información sobre el paradero de personas desaparecidas y la recuperación de la separación de poderes en Nicaragua. El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, indicó que el objetivo del mecanismo de seguimiento es contribuir a que los nicaragüenses ejerzan sus derechos y definan su futuro político mediante “instituciones democráticas y elecciones libres, justas e inclusivas”.
Un día antes de la reunión, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas pidieron a los países de la OEA centrar sus deliberaciones en los derechos humanos, el Estado de derecho y la rendición de cuentas. Ambos organismos han documentado violaciones de derechos humanos desde la crisis sociopolítica de abril de 2018, incluyendo detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura, muertes bajo custodia estatal, confiscación de bienes y privación arbitraria de la nacionalidad. También solicitaron la liberación inmediata de los detenidos por motivos políticos, el esclarecimiento de los desaparecidos y el restablecimiento del espacio cívico. El gobierno nicaragüense ha rechazado estas afirmaciones, considerándolas cuestionamientos externos.
La vicecanciller Bolaños también destacó el impacto migratorio de la crisis nicaragüense en Costa Rica, país que ha recibido a decenas de miles de ciudadanos nicaragüenses en busca de protección y oportunidades. Bolaños concluyó que “cuando la democracia es quebrantada sistemáticamente mirar hacia otro lado no es prudencia, es inacción” y que “el pueblo nicaragüense tiene derecho a vivir en libertad, a elegir entre distintas opciones políticas y a decidir democráticamente su futuro”.
Desde la crisis política de 2018, Costa Rica ha mantenido una postura crítica hacia el gobierno de Ortega. Las relaciones diplomáticas entre ambos países se mantienen a nivel consular desde entonces, y durante la administración del expresidente Carlos Alvarado, Costa Rica no designó un nuevo embajador en Managua en respuesta a las denuncias de represión. La OEA, a pesar de que Nicaragua formalizó su salida en 2023, buscará mantener canales diplomáticos para evaluar las condiciones políticas y electorales en el país.
Fuente: Infobae
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