Costa Rica | Una funcionaria del Poder Judicial de Costa Rica, identificada con el apellido Esquivel y quien se desempeñaba como proveedora judicial interina, fue suspendida de su cargo por orden del Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública. Esta medida se enmarca en una investigación impulsada por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) por presuntos actos de corrupción.
La investigación, que se tramita bajo el expediente número 25-000239-1218-PE, apunta a posibles delitos de peculado, sobreprecio irregular y falsedad en la recepción de bienes y servicios. Se indagan dos modalidades principales de supuestas irregularidades: la adquisición de bienes, obras y mantenimientos mobiliarios con aparentes precios superiores a los del mercado y eventuales inconsistencias en los procesos de contratación, así como la sustracción de fondos públicos mediante anticipos ficticios de caja chica.
En el marco de las diligencias, las autoridades realizaron allanamientos en el Departamento de Proveeduría y en la Dirección de Tecnologías de Información (DTI) del Poder Judicial. El objetivo de estas acciones fue recopilar documentación y evidencia adicional para fortalecer la investigación. Además de la funcionaria Esquivel, la Fiscalía también investiga a un contratista privado de apellido Fallas, quien presuntamente se habría beneficiado de algunas de las contrataciones cuestionadas, aunque no fue detenido.
El fiscal adjunto Miguel Ramírez explicó que la causa se inició a raíz de información reciente y de hallazgos relevantes de auditorías institucionales, que han sido cruciales para el avance de las pesquisas. Ramírez destacó la rapidez con la que se ha desarrollado la investigación y la importancia de los controles internos del Poder Judicial para detectar y denunciar posibles actos de corrupción. Estas alarmas institucionales permiten que el Ministerio Público dé seguimiento a funcionarios públicos y judiciales, independientemente de su cargo.
Como medidas cautelares, Esquivel deberá firmar una vez al mes, se le prohibió salir del país y no podrá comunicarse con testigos por un período mínimo de seis meses.
Fuente: Infobae
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