Colombia | El presidente Abelardo de la Espriella anunció que su gobierno implementará mecanismos para asegurar que los recursos públicos destinados a Sincelejo sean ejecutados sin la intervención de la Alcaldía local. Esta decisión surge en medio de cuestionamientos hacia el alcalde Yahir Acuña por presuntas prácticas de corrupción.
Durante un evento en la capital del departamento de Sucre el 3 de octubre, De la Espriella declaró que la protección de los fondos estatales es una prioridad de su administración, enfatizando que “Los recursos públicos son sagrados” y deben destinarse a obras, soluciones y atención ciudadana. El presidente afirmó que su gestión marca una ruptura con las políticas tradicionales, al dirigirse a funcionarios públicos y, específicamente, al alcalde de Sincelejo.
De la Espriella manifestó que no permitirá que individuos con cuestionamientos judiciales o políticos administren dinero público. En este contexto, se refirió directamente a Acuña y adelantó que su gobierno buscará una fórmula institucional para invertir en Sincelejo sin que los fondos pasen por la administración municipal. “Esta plata, señor alcalde, la voy a cuidar”, aseveró el mandatario, indicando que los fondos se mantendrán “alejados” de la influencia de Acuña para garantizar su control.
El presidente acusó a Acuña de practicar “politiquería” y aseguró que no tolerará tales prácticas. Además, indicó que los proyectos para Sincelejo se desarrollarán bajo esquemas diferentes a los que, según él, caracterizan la actual gestión local, declarando: “Bajo el esquema suyo de corrupción, yo no trabajo”. De la Espriella insistió en que su gobierno revisará el destino de los recursos asignados al municipio.
En su discurso, el mandatario afirmó que Acuña enfrenta 13 procesos por corrupción y un llamado a juicio ante la Corte Suprema de Justicia por enriquecimiento ilícito. También mencionó un video relacionado con un supuesto plan para apropiarse de recursos del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
De la Espriella afirmó que el manejo directo o alternativo de recursos para Sincelejo busca prevenir irregularidades, declarando: “No voy a permitir que nadie meta la mano en la plata del pueblo”. El presidente remarcó que su administración actuará con “transparencia” y “autoridad” frente a casos que involucren fondos estatales, y que la vigilancia del gasto público se extenderá a todos los niveles de la administración. “Llegó un presidente que no negocia sus principios”, señaló, indicando que no pasará por alto denuncias o sospechas sobre el uso de dineros oficiales.
En un pronunciamiento en X, el mandatario sostuvo que su gobierno verificará el destino de las partidas destinadas a hospitales, alimentación escolar, carreteras, colegios y acueductos, ya que la apropiación irregular de fondos públicos afecta la prestación de servicios ciudadanos. De la Espriella advirtió a alcaldes y gobernadores sobre la obligación de custodiar los presupuestos oficiales: “No voy a permitir que se roben un solo peso”, escribió, añadiendo que revisará personalmente la ejecución de obras financiadas con fondos nacionales.
El presidente reiteró que Sincelejo recibirá inversiones, pero descartó la entrega de “cheques en blanco”. Hizo alusión a antecedentes e investigaciones públicas sobre el alcalde Acuña, aunque aclaró que no reemplaza a los jueces ni emite condenas. Además, anunció que solicitó al Ministerio de Educación inspeccionar y vigilar la rectoría de la Universidad de Córdoba, encabezada por Jairo Torres Oviedo, sus procesos electorales y el cumplimiento de sus estatutos.
La orden se extendió a la Universidad de Pamplona, tras la anulación por el Consejo de Estado de la elección del exrector Ivaldo Torres Chávez. De la Espriella mencionó denuncias sobre contratación y burocracia, cuya revisión corresponderá a las autoridades competentes. Finalmente, informó sobre la creación del Bloque de Búsqueda contra la Corrupción y la designación de la magistrada Cristina Lombana como secretaria de Transparencia, cuya función será revisar contratos, anticipos, adiciones, patrimonios, sociedades y movimientos financieros dentro de los límites legales. El mandatario concluyó que ya se utilizan agentes encubiertos en la administración pública y anunció una auditoría forense sobre el contrato interadministrativo 1166 de 2026 para el programa Ciberpaz, por un valor de 14.984 millones de pesos, afirmando que “Aquí no hay tribunales políticos” y que cualquier indicio de delito será remitido a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría.
Fuente: Infobae
Apoya el periodismo independiente
Sinpe 6334-5121 | Donar Aquí