Colombia | El sargento retirado Alexander Chalá Sáenz ha divulgado una denuncia pública sobre supuestas irregularidades en el uso de vehículos oficiales y en la administración de la tienda de la Brigada Especial de Ingenieros, con sede en el Fuerte Militar de Tolemaida. La denuncia, publicada el 3 de octubre de 2026 en su cuenta de X, incluye un documento atribuido a personal de la unidad que señala al comandante de la Brigada, coronel Oswaldo Manuel Méndez Lara, como objeto de investigación.
El documento plantea la posible comisión de faltas disciplinarias y delitos contra la administración pública, específicamente peculado por uso, debido a la presunta utilización de camionetas militares para fines familiares y personales. Chalá Sáenz solicita la intervención del comandante del Ejército Nacional, mayor general José Bertulfo Soto Sánchez, así como de la Inspección del Ejército, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación. Hasta el momento, no se ha incluido una respuesta oficial del coronel Méndez Lara ni del Ejército respecto a estas acusaciones.
La denuncia se enfoca en dos vehículos. La camioneta de placas ABU-666, asignada al Comando de la Brigada, habría sido enviada de forma permanente a Bogotá por más de seis meses para atender necesidades de la esposa del comandante. Se pide revisar órdenes de operaciones, directivas, bitácoras de combustible, registros de kilometraje, viáticos y libros de movimiento para establecer si existía justificación militar o institucional para estos desplazamientos.
El segundo vehículo, de placas FDZ-093, asignado al jefe de Estado Mayor, presuntamente fue utilizado para transportar familiares y realizar diligencias privadas dentro de la guarnición. Se solicita identificar a los conductores y conocer las órdenes de servicio que respaldaron sus movimientos.
Asimismo, el informe menciona el supuesto uso recurrente de camionetas oficiales durante fines de semana y días festivos. Se pide investigar los controles de salida de la unidad, las autorizaciones escritas y los registros en los puestos de guardia para determinar si los permisos estaban vinculados a labores institucionales.
La denuncia también extiende sus cuestionamientos a la administración de la “Tienda REO” de la Brigada Especial de Ingenieros. Se afirma que el establecimiento presuntamente carece de controles financieros transparentes y de una rendición de cuentas adecuada. Se solicita revisar extractos bancarios, libros contables, comprobantes de pago, planes de inversión y actos administrativos. Además, se menciona una posible restricción al acceso de inspectores durante las revistas a la brigada, y se sugiere un posible uso de las utilidades de la tienda para pagar combustible de vehículos oficiales para actividades particulares y tiquetes aéreos para vacaciones de oficiales y sus familias. Chalá Sáenz pide una investigación “pronta, imparcial y profunda” para establecer si hubo un uso indebido de bienes estatales.
Fuente: Infobae
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