Costa Rica | La jueza penal de Limón, Alejandra Rojas, dictó la prisión preventiva hasta el 23 de junio de 2027 para cuatro hijos de Edwin López Vega, conocido como alias “Pecho de rata”, en el marco del caso “Riverside”. La decisión, fechada el 30 de setiembre, individualizó los indicios contra dos hijas y dos hijos del investigado, enfatizando que el parentesco no implica automáticamente la atribución de delitos.
Según informó El Observador, la jueza consideró una probabilidad cautelar de participación en actividades de narcotráfico y asociación ilícita para tres de los imputados. La cuarta hija fue objeto de análisis por su posible colaboración en el manejo de recursos financieros. Rojas subrayó que cada sospecha debe basarse en acciones concretas y evidencia individual.
En el caso de una de las hijas, la resolución examinó comunicaciones con su padre sobre gestiones y cantidades. Se analizó un episodio de llamadas del 25 de junio de 2025, vinculado a una actividad suspendida por riesgos. La jueza también reconoció la actividad comercial real de un bar y restaurante, respaldada por testimonios, facturas y movimientos bancarios. El análisis se centró en el valor penal de sus comunicaciones dentro de la secuencia operativa investigada. Este episodio se vinculó con una presunta distribución de drogas en Cahuita, relacionando a la imputada con asociación ilícita y facilitación de actividades de tráfico de drogas.
Para otro de los hijos, la evidencia principal fueron dos comunicaciones del 21 de enero de 2025, donde se le atribuyó haber advertido sobre un seguimiento del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Aunque no se escuchó su voz directamente en las llamadas ni se comprobó una venta de drogas personal, la jueza valoró la proximidad de las comunicaciones, la reiteración de la advertencia y la reacción de alertar a terceros. Sin embargo, no se acreditó una sospecha suficiente por legitimación de capitales, ya que no se encontró una operación específica que demostrara que este hijo recibiera, transfiriera u ocultara bienes de procedencia delictiva.
La valoración del segundo hijo incluyó comunicaciones sobre coordinaciones y una vigilancia policial del 20 de enero de 2026, donde se observó al imputado ingresar con un paquete a un inmueble y salir sin él. La resolución indicó que el paquete no fue incautado ni se comprobó su contenido, aunque la jueza consideró que las comunicaciones operativas, las indicaciones de Edwin López Vega y el traslado del objeto sostenían una probabilidad de participación en la logística del tráfico. La información previa sobre un supuesto cargamento de cocaína no fue suficiente para probar un traslado específico de estupefacientes.
La cuarta imputada, una de las hijas, fue vinculada provisionalmente con legitimación de capitales y asociación ilícita. Entre los indicios se encontraron imágenes de plataformas o billeteras digitales con su nombre en el teléfono de su padre, así como tarjetas bancarias y documentos suyos en un vehículo conducido por otra persona. La hipótesis sugiere que su identidad se usó en instrumentos financieros para dificultar la identificación de los controladores de recursos. La jueza concluyó que la coincidencia de estos elementos excedía una sospecha basada únicamente en el parentesco. En todos los casos, la jueza remarcó que los indicios no prueban una participación total en la estructura investigada ni autorizan la atribución automática de operaciones específicas de lavado de dinero o tráfico de drogas.
Fuente: Infobae
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