Colombia | La Alcaldía de Medellín informó sobre la investigación de presuntos vínculos entre irregularidades detectadas durante la administración del exalcalde Daniel Quintero y personas que posteriormente ocuparon cargos en entidades del Gobierno nacional. El Distrito calcula un posible detrimento patrimonial superior a $1 billón, cifra que será definida en los procesos judiciales y administrativos en curso.
Sebastián Gómez, secretario general de la Alcaldía de Medellín, indicó que la información recopilada sugiere conexiones entre exfuncionarios de la municipalidad y casos bajo investigación en otras entidades públicas, incluyendo el presunto desfalco en empresas como Ecopetrol.
Entre los nombres mencionados por Gómez se encuentran Alethia Arango, exsubdirectora de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) e imputada en el caso Aguavivas; Esteban Restrepo, exsecretario de Gobierno de Quintero, quien trabajó en Ecopetrol; y Juan Pablo Ramírez, exsecretario de Participación Ciudadana, nombrado en la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (Ugpp).
La Alcaldía ha reportado que 59 personas han sido imputadas en investigaciones relacionadas con posibles actos de corrupción en la administración de Quintero. De estas, seis están colaborando con la justicia y se han iniciado 25 procesos de extinción de dominio.
Un caso específico es el de Miguel Quintero, hermano del exalcalde, investigado por la presunta desviación de $2.500 millones en un contrato con el Cuerpo de Bomberos. Gómez cuestionó su detención domiciliaria, señalando que testimonios de la Fiscalía General de la Nación lo ubican con conocimiento de los hechos indagados. El juez 27 penal municipal de Medellín impuso detención domiciliaria a Miguel Quintero Calle por su presunta participación en irregularidades en seis contratos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y los Bomberos Voluntarios de Itagüí, con un valor total de $17.657 millones.
La administración local también ha examinado movimientos bancarios que, según su versión, mostrarían retiros de efectivo y cheques de gerencia para el pago de presuntas coimas. La cifra de más de $1 billón incluye estimaciones de diversas investigaciones, mientras que el expediente del Área Metropolitana del Valle de Aburrá contempla alrededor de $16.000 millones.
Asimismo, Gómez denunció que un funcionario de la Fiscalía en Bogotá habría accedido sin autorización al sistema institucional, descargando cerca de 300 documentos de expedientes. Parte de esta información reservada, según Gómez, apareció posteriormente en publicaciones de Daniel Quintero en redes sociales.
Por otro lado, el alcalde Federico Gutiérrez informó haber entregado al Buró Federal de Investigaciones (FBI) información sobre posibles operaciones de lavado de activos. Esta denuncia se vincula a una comercializadora de oro que habría facturado más de $130.000 millones entre 2020 y 2023, con presuntas conexiones en Panamá, Miami e Italia.
Fuente: Infobae
Apoya el periodismo independiente
Sinpe 6334-5121 | Donar Aquí