Guatemala | El Congreso de la República de Guatemala ha puesto en marcha el procedimiento para la renovación de las autoridades de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, que supervisarán el período 2026-2031. Esta elección es crucial, ya que definirá a tres relatores titulares y tres suplentes, cuya labor se centrará en la vigilancia de posibles vulneraciones de derechos en diversos espacios, incluyendo centros de privación de libertad, hospitales y escuelas.
La Comisión de Derechos Humanos tiene previsto enviar una lista de nueve aspirantes al Pleno del Congreso el 6 de noviembre, para que se realice la elección final. El proceso de selección consta de 12 etapas, que abarcan desde la recepción de expedientes hasta la conformación de las ternas y su posterior traslado al ámbito legislativo.
La diputada Dámaris Carolina Cerna, quien preside la Comisión de Derechos Humanos y representa a la bancada UNE, informó que ya se ha revisado parte de la tabla de gradación para calificar a los postulantes. Los criterios restantes serán objeto de discusión el jueves 8 de octubre a partir de las 11:00. Cerna enfatizó que los cargos tienen como objetivo prevenir la tortura y los tratos crueles en lugares donde puedan ocurrir violaciones de derechos.
La convocatoria oficial se publicará en el Diario Oficial el viernes 9 de octubre. Los profesionales interesados podrán entregar sus expedientes el 12 y 13 de octubre, en un horario extendido de 9:00 a 16:00, en la oficina 53 del quinto nivel del edificio Tecún, ubicado en la 11 calle 8-14 de la zona 1 de Ciudad de Guatemala. Se ha aclarado que no se aceptarán postulaciones fuera de las fechas y horas límite establecidas.
Después de la recepción, los expedientes pasarán por un proceso de verificación y depuración entre el 14 y el 16 de octubre. Las tachas contra los aspirantes podrán presentarse del 19 al 21 de octubre, y los candidatos señalados dispondrán de los días 22 y 23 para presentar pruebas de descargo. La evaluación de los expedientes se realizará del 26 al 29 de octubre, y las entrevistas públicas están programadas entre el 2 y el 4 de noviembre, aunque la duración de estas últimas dependerá del número de aspirantes que avancen en el proceso. Cada tacha debe incluir la identificación del postulante, hechos concretos y la documentación de respaldo. La Comisión deberá analizar las tachas y los descargos antes de aprobar el listado final de candidatos.
El sistema de evaluación otorga un máximo de 100 puntos: 30 por méritos académicos, 40 por experiencia profesional, 10 por proyección humana y 20 por el plan de trabajo y las entrevistas. En el ámbito académico, un doctorado afín puede sumar 12 puntos, mientras que uno en otra disciplina otorga nueve. Una maestría afín valdrá nueve puntos, una en otra área seis, y una especialización o posgrado relacionado cuatro.
En cuanto a la experiencia profesional, se aprobaron criterios que otorgan hasta 10 puntos por el ejercicio de la profesión y hasta 15 por trayectoria específica en los ámbitos definidos en el Decreto 40-2010, Ley del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. El resto de los criterios en esta categoría aún están bajo análisis.
Los candidatos deberán presentar 21 documentos obligatorios, que incluyen una carta de interés, currículum vítae actualizado, fotografías recientes, títulos universitarios legalizados e inscritos en la Contraloría General de Cuentas, constancia de colegiado activo y certificaciones de antecedentes penales y policiales. También se exigirá una declaración jurada sobre el pleno ejercicio de derechos civiles y políticos, un plan de trabajo de hasta 10 páginas y una copia digital completa del expediente en formato PDF en una memoria USB. La documentación debe entregarse en original, fotocopia y formato digital, en un fólder azul tamaño oficio, foliado y rubricado.
La convocatoria está dirigida a guatemaltecos de origen mayores de edad, profesionales de las ciencias humanas, sociales, jurídicas o de la salud con vínculo a la prevención de la tortura. Se requiere acreditar al menos cuatro años de experiencia en derechos humanos, justicia, personas privadas de libertad, investigación criminal, niñez y adolescencia, justicia juvenil o rehabilitación de víctimas. No podrán ser electas personas que ocupen cargos públicos, ejerzan puestos directivos en partidos políticos, tengan parentesco en grados definidos por la ley con autoridades o directivos de centros de detención, estén activas o en disponibilidad en el Ejército de Guatemala, sean responsables de violaciones a derechos humanos por sentencia firme o tengan señalamientos del procurador competente.
Fuente: Infobae
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