México | Legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), tanto a nivel federal como local, han instado al gobierno a tomar medidas enérgicas contra el delito de desaparición forzada en el país. Esta demanda surge después de que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) alertara sobre los riesgos que enfrentan las mujeres buscadoras en México.
La diputada federal del PAN, Genoveva Huerta, ha señalado que existen al menos diez iniciativas de ley "atoradas" en el Senado de la República, las cuales buscan tipificar el delito de reclutamiento infantil. Huerta ha criticado la postura del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que reporta una disminución en los homicidios dolosos, mientras las desapariciones forzadas muestran un incremento, lo que considera un "dato absolutamente incongruente e inexacto".
La situación es especialmente preocupante debido a la implicación de menores de edad. Según Huerta, la infancia en México atraviesa una "peor crisis de vulnerabilidad", con cifras oficiales y de organizaciones civiles indicando que 120 niños y niñas son reclutados diariamente por el crimen organizado. La legisladora enfatizó que el crimen organizado utiliza a los menores como "escudos y herramientas", privándolos de su futuro ante la inacción estatal.
Ante este panorama, la diputada Huerta ha solicitado la implementación de castigos para los reclutadores y la creación de protocolos de protección y prevención. Hizo un llamado directo a la mayoría de Morena en el Senado, subrayando que la niñez no debe ser objeto de cálculos ni tiempos políticos.
Héctor Barrera, secretario general del PAN CDMX y exdiputado federal, ha afirmado que el secuestro y reclutamiento de jóvenes por la delincuencia organizada ha sido una característica de la Cuarta Transformación, acusando al gobierno de intentar "normalizar e invisibilizar" el problema. Barrera destacó que muchos de estos casos culminan en homicidios y exhortó a las autoridades y a las instituciones de seguridad a erradicar la desaparición forzada.
Por su parte, América Rangel Lorenzana, diputada del PAN por la alcaldía Miguel Hidalgo, ha recalcado que la aprobación de iniciativas en materia de desaparición forzada es una "obligación constitucional" con las familias mexicanas, y que la desaparición de niños debe ser la máxima prioridad nacional. Rangel Lorenzana hizo hincapié en que esta obligación es respaldada por la ONU.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) emitió un exhorto el pasado 30 de septiembre al Estado mexicano para que cumpla con sus obligaciones internacionales en la protección de las mujeres buscadoras de personas desaparecidas. La ONU-DH advirtió que estas mujeres enfrentan niveles "alarmantes" de violencia, incluyendo desaparición forzada y asesinato.
Los expertos de la ONU-DH señalaron desde Ginebra que, a pesar del reconocimiento internacional a la labor de las buscadoras, en México siguen enfrentando altos niveles de violencia. Un documento de la ONU-DH subraya que la situación es grave porque las mujeres no solo lidian con el dolor de la desaparición de sus familiares, sino también con riesgos directos relacionados con su actividad de búsqueda.
En respuesta a la ONU, el Gobierno de México negó la existencia de un patrón estatal o recurrente de desaparición forzada contra personas buscadoras. La Secretaría de Gobernación (Segob) aseguró que cada caso es atendido con la debida diligencia y que autoridades de alto nivel han dialogado con familias buscadoras y organizaciones de acompañamiento.
Este posicionamiento oficial se produjo después de que expertos de la ONU documentaran una serie de agresiones en Sinaloa entre finales de agosto y principios de septiembre de 2026, que incluyeron la desaparición de una defensora, ataques a activistas con menores y el atropello de integrantes de un colectivo durante una manifestación pacífica en Mazatlán.
La Segob ha reiterado que la atención al problema de la desaparición y no localización de personas es una de las "más altas prioridades nacionales" y afirmó su "plena disposición al diálogo con los mecanismos internacionales de derechos humanos" para compartir avances. El comunicado de la Segob también destacó que la búsqueda de personas es una "obligación primaria e irrenunciable de las instituciones públicas" y que México cuenta con un marco jurídico e institucional para prevenir, proteger, investigar, sancionar y reparar a las víctimas de este delito, incluyendo la protección a defensores de derechos humanos.
Fuente: Infobae
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